Pachuca, Hgo. Decenas de trabajadores municipales de Singuilucan que aseguraron haber sido despedidos de manera injustificada ganaron un laudo laboral promovido en 2016, por lo que un juez ordenó el congelamiento de cuentas bancarias y escrituras de inmuebles, para garantizarles el pago de 21 millones 408 mil pesos.

La alcaldesa de Singuilucan, Yazmín Dávila, informó del embargo de las cuentas y señaló que los 30 ex burócratas además exigen la entrega de un predio donde se encuentra el nuevo cementerio del municipio, al igual que “la plaza principal, el auditorio municipal, la presidencia municipal, la capilla de San Joaquín y la casa de salud de (la localidad) El Susto, e incluso una fosa séptica”.

La edil, que asumió el cargo en septiembre de 2024 postulada por Morena, recordó que el respectivo juicio laboral comenzó en 2016, durante el trienio del munícipe priísta Mario Hugo Olvera. Apuntó que los alcaldes subsiguientes, Pablo Cárdenas (que encabezó un concejo municipal interino de septiembre a diciembre de 2020) y Marcos Miguel Taboada (2020-2024), emanado del partido Nueva Alianza, no hicieron nada para tratar de ganar la querella.

Dávila expuso que en 2022, un tribunal laboral emitió un fallo en que se condenaba al ayuntamiento a pagar los citados 21 millones 418 mil pesos, pero no se acató el dictamen. Comentó que ahora se pretende embargar al municipio, sin que el ayuntamiento hubiera sido emplazado ni notificado de manera adecuada por las autoridades.

Agregó que por “un error matemático”, se reclama al ayuntamiento casi cinco millones de pesos de más, por lo que exigió que el fallo se anule. “El municipio hará frente a los compromisos laborales, pero tampoco permitiremos abusos que agravien la ya complicada situación financiera de Singuilucan”, advirtió.