Silao, Gto. En el año 2024, el Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas emitió 54 medidas para 26 reporteros y cuatro mujeres activistas; informó el presidente del organismo y secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, quien lamentó el asesinato de un comunicador en Celaya.

Del total de las medidas, 10 fueron rondines aleatorios, dos con asignación de escoltas, 14 con número de emergencia, cuatro con vigilancia afuera del domicilio, tres con notificación a municipios, tres con canalización al Mecanismo Federal, ocho por canalización con el Ministerio Público, uno con la Procuraduría de los Derechos Humanos, uno más con la Comisión Estatal de Víctimas, siete con instalación de cámaras de seguridad y un pronunciamiento.

“Se han presentado casos muy graves de agresiones contra periodistas, donde lamentablemente han perdido la vida”, mencionó en el marco del Informe Anual del Consejo de Protección, al que asistió la gobernadora, Libia García Muñoz Ledo.

Hizo un “respetuoso llamado” al fiscal del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, quien forma parte del Consejo, para que procure justicia y esclarezca los homicidios.

El 4 de agosto de 2024, el reportero del municipio de Celaya, Alejandro Martínez Noguez, fue asesinado cuando viajaba a bordo de una patrulla y era custodiado por dos elementos de tránsito.

Era beneficiario del Mecanismo Federal de Protección, pero no tenía medidas para ser cuidado por elementos municipales. La Fiscalía General del Estado (FGE) continúa investigando si el homicidio tiene relación con la actividad periodística de Noguez.

En el periodo en mención, el Consejo elaboró un Protocolo de Seguridad para la Cobertura Electoral, se impartieron cursos de autoprotección para periodistas y defensores; incluso las buscadoras tienen su propio protocolo de autoprotección, señaló.

El Consejo exhortó al alcalde de San Miguel de Allende, Mauricio Trejo Pureco, a respetar la libertad de expresión, porque cuando recibió su constancia de relección denostó a la periodista, Ana Luz Solís Frías, a quien insultó y llamó “tronchatoro”.

Agregó que fue habilitado un grupo de Telegram para periodistas de Celaya, región con características especiales de inseguridad.

Jorge Jiménez mencionó que el Mecanismo Federal de Protección emitió tres medidas de protección que incluyeron rondines afuera de la vivienda, vigilancia afuera del domicilio y un número telefónico de emergencia.

“Cabe resaltar que los colectivos de personas buscadoras, de personas desaparecidas, asistieron a los cursos de autoprotección”, destacó.

Los consejeros periodistas impulsaron reformas a la Constitución para reconocer a las buscadoras como defensoras de derechos humanos y la obligación del estado de proteger a periodistas, dijo.

También reformas al Código Penal y a la Ley de Protección para aumentar las penas en las agresiones contra periodistas y activistas, así como para mejorar la seguridad de los beneficiarios, resaltó.

La periodista consejera, Sofía Negrete Cuéllar, exhortó al gremio a dejar de lado las diferencias o intereses que, en vez de sumar, dividen.

“Es momento de ser un gremio fuerte y sólido; sobre todo es momento de respaldar a los compañeros que estarán representándonos los próximos tres años. Gabriela Montejano, Ana Luz Solís y a Jorge Escalante”, pidió.

Destacó que los consejeros periodistas, que terminan su periodo el 10 de abril, dejan dos iniciativas de reforma.

Una es la Ley Electoral para prevenir el uso de la figura de violencia política como medio para atentar contra la libertad de expresión.

La otra es a la Ley General de Responsabilidades Administrativas para que las agresiones contra comunicadores y activistas se castiguen por esa vía.

Por su parte, la gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, aseguró que el compromiso de su administración es garantizar la seguridad de periodistas y activistas.

Exhortó al Congreso a aprobar a la brevedad las iniciativas de reforma a la Constitución, al Código Penal y a la Ley de Seguridad y a la Ley de Protección, que el año pasado fueron enviadas a los diputados.

“Son acciones que determinantemente llevan al camino de salvaguardar la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y de los periodistas”, remató.

El Consejo Estatal de Protección está integrado por la Secretaría de Gobierno, por la Fiscalía General del Estado, por la Secretaría de Seguridad y Paz, por la Secretaría de la Honestidad, por la Procuraduría de los Derechos Humanos, por el Poder Judicial, por tres periodistas y tres defensores, cuyo cargo es honorífico.