Ciudad de México. Para proteger la biodiversidad del Golfo de California, integrantes de la organización Direct Action Everywhere se manifestaron este miércoles frente al consulado de España en México, en Polanco, para exigir que el banco español Santander deje de financiar el desarrollo del proyecto Saguaro de Gas Licuado Natural, en la localidad de Puerto Libertad, Sonora.

En una misiva entregada a la legación, el grupo ambientalista expuso su preocupación al embajador español, Juan Duarte Cuadrado, sobre el "actuar de Santander, así como de las empresas que apoyan este ecocidio. Los animales merecen ser respetados y protegidos por la ley. Exigimos una pronta solución a esta penosa situación”. Acusaron que el banco apoya a empresas extranjeras para transportar millones de toneladas de gas metano hacía Asia.

Explicaron que las colisiones entre los barcos metaneros y las ballenas son una de sus principales causas de su muerte animal en el Golfo de California, ya que las rutas trazadas atraviesan las zonas de crianza, y además de dañan a otros ecosistemas o especies endémicas, como a la vaquita marina, que está en peligro de extinción.

Durante la protesta los ambientalistas mostraron carteles con los mensajes “Salvar ballenas no es un crimen”, “Hasta que cada animal sea libre”, “Son individuos, no objetos”, mientras informaban con megáfonos sobre los impactos ambientales que podría provocar el proyecto de gas licuado de la empresa estadunidense Mexico Pacific, como la contaminación por la extracción de hidrocarburos con el método de fracking.

“Ningún animal merece ser asesinado, cosificado y ultrajado. Todos merecemos vivir en paz y respeto en este planeta llamado Tierra. ¿Qué planeta le estamos dejando a las futuras generaciones? ¿Por qué ultrajar el hábitat de estos maravillosos y extraordinarios seres marítimos? ¿Qué enseñanzas y valores se les dejará a las futuras generaciones?”, demandaron. 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha informado que en 2006 sólo le autorizó la construcción de una planta de “regasificación” de gas natural, y a partir de agosto de 2018 recibió un permiso para ser modificada y convertirse en una planta de “licuefacción”. Además, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente ha recibido cinco juicios de amparo, lo que ha paralizado la construcción de la planta de licuefacción.