El gobierno de Trump solicitó el viernes a la Corte Suprema permiso para reanudar las deportaciones de migrantes venezolanos a El Salvador bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, mientras continúa una batalla judicial. La apelación de emergencia ante el Tribunal Supremo se produce tras el rechazo de la petición de la administración republicana ante el tribunal federal de apelaciones en Washington. 

Por una votación de 2 a 1, un panel de jueces de apelación mantuvo vigente una orden que prohíbe temporalmente las deportaciones de migrantes en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, poco utilizada. El Departamento de Justicia argumentó en documentos judiciales que los tribunales federales no deberían interferir en negociaciones diplomáticas delicadas. 

También afirmó que los migrantes deberían presentar su caso ante un tribunal federal en Texas, donde se encuentran detenidos. La orden que bloquea temporalmente las deportaciones fue emitida por el juez federal de distrito James E. Boasberg , juez principal del tribunal federal en Washington. El presidente Donald Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial para justificar la deportación de cientos de personas bajo una proclamación presidencial que llama a la pandilla Tren de Aragua una fuerza invasora. 

“Aquí, las órdenes del tribunal de distrito han rechazado las decisiones del Presidente sobre cómo proteger a la Nación contra organizaciones terroristas extranjeras y corren el riesgo de tener efectos debilitantes para las delicadas negociaciones extranjeras”, escribió la Procuradora General interina Sarah Harris en la presentación judicial. Los abogados de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles presentaron la demanda en nombre de cinco extranjeros venezolanos que se encontraban detenidos en Texas, horas después de que se hiciera pública la proclamación. 

El tribunal fijó el martes como fecha límite para una respuesta de la ACLU. El caso se ha convertido en un punto álgido en medio de una creciente tensión entre la Casa Blanca y los tribunales federales. Boasberg impuso una suspensión temporal de las deportaciones y ordenó el regreso a Estados Unidos de aviones repletos de inmigrantes venezolanos. Esto no ocurrió. 

Desde entonces, el juez se ha comprometido a determinar si el gobierno desacató su orden de devolver los aviones. El gobierno ha invocado el "privilegio de secreto de estado" y se ha negado a proporcionar a Boasberg información adicional sobre las deportaciones. Trump y sus aliados han pedido el impeachment de Boasberg. 

En una declaración poco común , el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, afirmó que «el impeachment no es una respuesta adecuada al desacuerdo sobre una decisión judicial». La Ley de Enemigos Extranjeros permite que los no ciudadanos sean deportados sin la oportunidad de una audiencia ante un juez de inmigración o de un tribunal federal. 

Boasberg dictaminó que los inmigrantes que enfrentan la deportación deben tener la oportunidad de impugnar su designación como presuntos pandilleros. Su fallo afirmó que existe un fuerte interés público en prevenir la deportación errónea de personas con base en categorías que no tienen derecho a impugnar.