Ciudad de México. México ha sido omiso ante peticiones internacionales sobre el impacto negativo de la elección judicial, afirmó la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), en el marco del diálogo sostenido entre la Relatoría Especial de la ONU para la Independencia de Magistrados y Abogados. 

“El Estado Mexicano no ha respondido a las solicitudes de información ni ha aclarado las dudas planteadas por dicho organismo internacional sobre los efectos de la reforma judicial y la elección de jueces por voto popular”, señaló Juana Fuentes, directora de la agrupación.

Asimismo, en el diálogo con eurodiputados se expresaron preocupaciones porque estas omisiones no permiten determinar el impacto en la democracia, los derechos humanos de los mexicanos y el Estado de derecho en México.

La Jufed informó que Fuentes Velázquez, continúa con una intensa serie de encuentros con funcionarios de la ONU, representantes del Euro Parlamento y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Dentro de los acuerdos alcanzados destaca el establecer un canal directo de información respecto de la implementación de la mal llamada reforma judicial, así como de las violaciones a las Convenciones y Tratados Internacionales. 

Ante euro diputados advirtió sobre la “demolición” democrática en marcha y el intento de anular la independencia judicial, a través de una reforma sin diagnóstico, sin consenso y con fines de control político. México, reiteró, está en riesgo de pasar de una democracia a un régimen autocrático, con efectos devastadores para los Derechos Humanos y el futuro del país. 

“Durante los encuentros, los eurodiputados manifestaron profunda preocupación por el impacto que esta reforma tendría no solo en los derechos humanos, sino en la seguridad jurídica de los tratados comerciales con la Unión Europea”. 
Fuentes Velázquez inisistió que la reforma permite el ingreso de candidatos sin preparación ni experiencia, bajo criterios estrictamente políticos, lo que compromete gravemente la imparcialidad de la justicia. Subrayó que ni siquiera se exige a los aspirantes la presentación de una carta de antecedentes no penales, lo que abre la puerta a perfiles con posibles vínculos delictivos.