Nueva York. Un juez ordenó este miércoles el traslado a Nueva Jersey del caso judicial del activista pro palestino Mahmoud Khalil, detenido a principios de marzo en Nueva York para ser deportado, pese a que tiene residencia legal en Estados Unidos.
La administración del presidente Donald Trump había presionado para que el caso del estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia fuera tratado en Luisiana (sur), -adonde fue trasladado tras su detención-, un distrito conservador favorable a la política de deportación, pero un juez dictaminó que sea revisado en Nueva Jersey.
"El gobierno trasladó primero a Mahmoud a Luisiana y luego intentó trasladar también allí su caso federal, con la esperanza de tener más posibilidades en los tribunales", declaró Ramzi Kassem, profesor de Derecho de la Universidad de la Ciudad de Nueva York y codirector de CLEAR, organización jurídica sin ánimo de lucro que representa a Khalil.
"El juez rechazó, con razón, ese planteamiento y trasladó el caso a un tribunal de la zona metropolitana de Nueva York, cerca del domicilio de Mahmoud, al que pertenece el caso y, lo que es más importante, al propio Mahmoud. Tenemos la intención de traerlo a casa a continuación", dijo.
Khalil, uno de los rostros más destacados del movimiento de protesta que estalló el año pasado contra la guerra de Israel contra la franja de Gaza, fue detenido y trasladado a Luisiana a principios de este mes, desatando protestas y críticas por lo que se considera un atentado a la libertad de expresión.
El gobierno no ha acusado a Khalil de infringir ninguna ley.
Sin embargo, anunció que revocaba su permiso de residencia permanente por su participación en las protestas, invocando poderes raramente utilizados para deportar a extranjeros acusados de socavar la política exterior de Estados Unidos.
El juez Jesse Furman, que ordenó el traslado de Khalil, señala que "éste es de hecho un caso excepcional y es necesaria una revisión judicial cuidadosa".
"Esa revisión judicial es especialmente importante cuando, como en este caso, existen alegaciones fundadas de que el poder ejecutivo ha violado la ley o ha ejercido su autoridad, por lo demás legítima, de forma arbitraria y discriminatoria", escribió.
