Ciudad de México. Vladimir Aguilar García, titular de la Procuraduría Social (Prosoc), señaló que una de las ventajas que puede tener para una comunidad condominal contratar un servicio de administración certificado, es que los ciudadanos puedan recurrir a esa instancia, cuando un administrador no rinda cuentas o no respete las propias reglas del condominio.

“El administrador solo tiene la función de llevar a cabo la parte de garantizar los servicios del mantenimiento, pero no son titulares para representar ninguna área de ningún condominio ni de ninguna unidad habitacional”, agregó, el funcionario.

Subrayó la importancia de que la Ley de Régimen de Propiedad en Condominio se aplique a las administradoras porque el reglamento interno se vuelve obligatorio para todos, “tanto los administradores abusivos como los vecinos que no respeten a los demás”.

Por su parte la Comisión de Unidades Habitacionales y Régimen Condominal del Congreso capitalino aprobó el plan de trabajo y la ruta legislativa para la creación de la nueva Ley de Propiedad en Condominio para la Ciudad de México.

El presidente de la comisión, Omar Alejandro García Loria (PRI), aseguró que esta ley es urgente y necesaria para mejorar la calidad de vida de la población que habita en unidades habitacionales.

El plan de trabajo y la ruta aprobada considera la realización de una reunión con las personas titulares de las secretarías y dependencias involucradas en el tema de unidades habitacionales, a fin de elaborar un diagnóstico y tener coordinación eficaz en los temas a reformar.

Posteriormente se recabarán las opiniones de la ciudadanía mediante parlamento abierto, el cual se efectuará en las diferentes alcaldías.

Finalmente se elaborará la propuesta legislativa, que también se presentará a las autoridades en la materia, para lograr un producto de común acuerdo, que se concretará en una iniciativa y su correspondiente dictamen.

Posteriormente se recabarán las opiniones de la ciudadanía mediante parlamento abierto, el cual se efectuará en las diferentes alcaldías; y finalmente se elaborará la propuesta legislativa, que también se presentará a las autoridades en la materia, para lograr un producto de común acuerdo, que se concretará en una iniciativa y su correspondiente dictamen.