Maha Schekaiban, que demandó a su esposo por violencia vicaria y por haberla alejado de sus cinco hijos –entre 15 y 8 años de edad– pidió al juzgado que la vinculó a ella a proceso, que sean anuladas como pruebas acusatorias las periciales de los menores, argumentando que estas declaraciones ministeriales, realizadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, se hicieron sin videograbación y sin acatar los protocolos establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la normativa internacional para trámites judiciales de las infancias.

El ex esposo, Bernardo Vogel, demandó a su ex cónyugue de violencia familiar un día después de que ella lo demandara. Su acusación fue atendida con celeridad el 27 de agosto del año pasado; el juez de control de procesos penales José Alfredo Sotelo la vinculó a proceso y le prohibió acercarse a sus hijos. Entre las pruebas contra ella están las periciales realizadas a las niñas y el niño, que es el menor, por la Fiscalía para Niños y Niñas. Según la defensa de la mujer, esas periciales deben ser anuladas porque no fueron videograbadas, como es obligatorio, y denotan interferencia parental.

La petición de la madre de los cinco niños iba a ser vista ayer en el tribunal penal de Santa Martha, pero la jueza Carolina Bernal difirió la diligencia. Vogel insiste en que esas periciales deben sostenerse como pruebas contra su ex esposa.

En contraste con la celeridad con que el juez procedió para desahogar la demanda de Vogel contra Schekaiban, las acusaciones de ella contra quien considera el agresor de sus hijos y de ella misma han sido diferidas en seis ocasiones desde el 28 de octubre por distintos jueces, que alegan "caída del sistema", viajes o algún otro inconveniente. Gracias a ello, el influyente empresario no ha sido vinculado a proceso.

En un escrito presentado a las autoridades, Schekaiban asegura tener "sospechas razonables de corrupción" y, frente a ello, sentirse "en situación de desprotección prolongada".