Mazatlán, Sin., Rubén Rocha Moya descartó presentar su renuncia como mandatario de Sinaloa al señalar que no hay razones para ello y los enemigos son los grupos delincuenciales y el encono, nunca el gobierno. Sobre las manifestaciones ciudadanas del domingo y jueves pasados, en las que se exigió su destitución, argumentó que el pueblo es el que pone y quita, no alguien que grita.

Sobre las protestas, dijo que no porque unas 5 mil personas se manifiesten y griten: ¡fuera Rocha!, él ya va agarrar sus cosas e irse. Agregó que se tienen que analizar muchas cuestiones, como la aritmética, porque 5 mil personas que griten, de 2 millones 200 mil que hay en el padrón nominal, la diferencia es muy grande.

En su conferencia semanal, el gobernador morenista emitió una declaración en la que afirmó que comparte la indignación y el profundo agravio que muchos habitantes de Culiacán han expresado durante las movilizaciones.

Refirió que por sobre todas las cosas su gobierno privilegia el bienes-tar y la paz de las familias sinaloenses y las invitó a hacer juntos una causa común por la grandeza de Sinaloa.

Rocha Moya se comprometió a llevar las investigaciones hasta que se haga justicia y sean detenidos los homicidas de los niños Alexander y Gael, y el padre de ambos, Antonio, y a seguir apoyando a la familia.

Apuntó que a su administración le toca atender las causas, sin ser omisos de lo que pasa, pues no son las primeras confrontaciones ya que vienen desde atrás, cuando gobernaron otros.

Señaló que algunos que el domingo se manifestaron y gritaron: ¡Fuera Rocha!, tienen que ver con los ex alcaldes de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, y de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, y otros a los que, subrayó, les han pisado los callos por el tema de la corrupción.

Puntualizó que somos un gobierno que no reprime, vamos a seguir respetando la libertad constitucional que tienen las personas para protestar y expresarse a través de la manifestación libre.

En las movilizaciones, los culiacanenses exigieron la destitución de Rocha Moya por su incapacidad para atender y resolver el principal problema del estado: la narcoviolencia e inseguridad que desde el 9 de septiembre pasado –cuando comenzó la disputa entre las organizaciones criminales de Los Chapitos y Los Mayitos–, ha dejado más de 700 personas muertas, unas mil desaparecidas, 2 mil 500 vehículos robados y pérdidas económicas incuantificables.