Madrid. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este martes que alcanzó un acuerdo con el partido independentista catalán Junts per Catalunya para hacer aprobar en el Parlamento un paquete de medidas sociales que el Congreso de los Diputados había rechazado recientemente.
"Tras una larga negociación el Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo real decreto-ley social que contiene la práctica totalidad de las medidas del escudo social que aprobamos el pasado mes de diciembre", anunció Pedro Sánchez en una conferencia de prensa.
"Hablamos de un total de 29 medidas que incluyen la revalorización de las pensiones conforme al IPC de nuestros jubilados y jubiladas, la mejora de las pensiones mínimas, las ayudas a los municipios, a los hogares, a las empresas afectadas" por las inundaciones en Valencia, así como "las ayudas al transporte público gratuito", enumeró, entre otras, el presidente del Gobierno.
Sánchez, quien preside un Ejecutivo en minoría en el Parlamento, suele necesitar los votos de los siete diputados del partido Junts que lidera Carles Puigdemont, exiliado en Bélgica desde el fallido intento de secesión de Cataluña en 2017, para conseguir aprobar sus leyes.
Desde hace unas semanas, sin embargo, las relaciones se complicaron entre el Gobierno y Junts, muy descontento porque Puigdemont no haya podido beneficiarse aún de la ley de amnistía aprobada a cambio de su apoyo para la reelección de Sánchez, o porque el Ejecutivo no haya conseguido todavía que el catalán sea reconocido como una de las lenguas oficiales de la Unión Europea.
Esas tensiones hicieron que un "decreto ómnibus" -que incluía numerosas medidas sociales, pero también la transferencia del palacete parisino que acoge el Instituto Cervantes al Partido Nacionalista Vasco- fuera rechazado el pasado miércoles en el Parlamento, después de que Junts votara en contra, junto al Partido Popular (PP, derecha) y la extrema derecha de Vox.
Sánchez no precisó el martes si la transferencia de este edificio parisino, confiscado por la Gestapo al Gobierno vasco en el exilio, figuraba en el nuevo texto.
Junts, de su lado, confirmó en un comunicado que había llegado a un acuerdo con el Gobierno.
La formación independentista aseguró que su proposición para solicitar al presidente del Gobierno que se someta a una cuestión de confianza de los diputados -petición formulada a mediados de diciembre por Puigdemont- sería estudiada en el Parlamento.
Sánchez, sin embargo, no tardó en matizar el anuncio de Junts.
"Sobre la cuestión de confianza, efectivamente es una prerrogativa constitucional de la presidencia del Gobierno, previa deliberación del Consejo de Ministros, y ya le adelanto que el Gobierno no ve necesidad de hacerlo", aseguró.
