Ciudad de México. Carlos de Jesús Estudillo Villalobos, ex subdirector de operaciones de la Aduana Marítima de Tampico, obtuvo una suspensión provisional contra la prisión preventiva que un juez de control le dictó por su presunta implicación en una red de contrabando de combustible conocida como huachicol fiscal. La medida cautelar no implica que el marino quede en libertad.

Su caso está relacionado con una investigación a gran escala que involucra a exfuncionarios de la Secretaría de Marina (Semar) y de diversas aduanas del país, ya que el mes pasado, Estudillo Villalobos con otros 13 integrantes, entre ellos el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna -sobrino político del ex titular de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar), el almirante José Rafael Ojeda Durán -, representantes de empresas y funcionarios de Aduanas, fueron aprehendidos y sujetos a proceso penal por los delitos de delito de delincuencia organizada e ilícitos en materia de hidrocarburos. 

El quejoso inició el juicio a finales de septiembre en el Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal, con residencia en Toluca, estado de México, contra el Juez de Control adscrito al Centro de Justicia Penal Federal, con sede en Almoloya de Juárez, México, donde reclamó actos privativos de la libertad, así como la resolución de 4 de septiembre de dos mil veinticinco que determinó imponer la medida cautelar de preventiva oficiosa al promovente.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) la participación del Capitán Carlos de Jesús Estudillo Villalobos formaba parte de una red de servidores públicos que permitían el ingreso y salida de hidrocarburo de manera ilegal, así como el tráfico de drogas a territorio nacional, del cual señalan que Carlos de Jesús era subdirector de la aduana marítima de Tampico, cargo que se confirmó con la información proporcionada por la Secretaría de Marina.

Caso Clímaco Aldape

Por otra parte, el Jorge Adrián Cruz Flores, titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el estado de México, con residencia en Toluca, declinó competencia a su homólogo del Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal, sobre el caso el capitán de navío Clímaco Aldape Utrera, a quien la semana pasada le otorgo la suspensión que frena por el momento el juicio que se inició en su contra por su presunta responsabilidad de formar parte de una red de corrupción dedicada al tráfico de combustible. 

El impartidor de justicia dijo que ambos asuntos están “estrechamente relacionados” y reclaman del Juez de Control de Almoloya de Juárez la resolución de cuatro de septiembre de 2025, dictada en la Causa Penal 325/2025, en el que determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

“Se estima procedente remitir este juicio, al Juzgado Primero de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, al tratarse de un asunto en donde previo a la radicación del presente expediente, tuvo conocimiento de uno diverso en el que se reclaman los actos emitidos”, señala el resolutivo de Cruz Flores.

La FGR acusa al Capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, junto con el capitán Aldaco Uretra de ser el enlace entre los titulares de las aduanas quien con el visto bueno los hermanos Manuel y Fernando (prófugo de la justicia) Farías Laguna, que encabezaban la red de huachicol fiscal, gestionaban los cambios de las personas involucradas en la red de corrupción, para llevar a cabo las operaciones delictivas.

Otorgan suspensión definitiva a Solano Ruiz contra orden de aprehensión

Por separado, Rosa María Cervantes Mejía, titular del Juzgado Decimosegundo de Distrito en materia Penal otorgó la suspensión definitiva al capitán Miguel Ángel Solano Ruiz, contra la orden de aprehensión que se libró en su contra por este mismo caso y fijo de plazo tres días para que militar se presente a la audiencia de imputación en el penal federal del Altiplano.

El mando naval tendrá que pagar una garantía de 3 mil 500 pesos para que la medida cautelar se mantenga vigente. 

Los efectos de la suspensión es para el efecto de que acuda a la diligencia sin ser detenido; pero no impide que se le imponga la prisión oficiosa en caso de ser vinculado a proceso.

Según el expediente, Solano Ruiz enviaba a funcionarios de la aduana de Tampico sobornos de un millón 750 mil pesos por cada embarcación de huachicol que permitían descargar en dos recintos fiscales.