Un total de 76 personas, entre jueces y magistrados que actualmente se encuentran en funciones en el Poder Judicial de la Ciudad de México, decidieron participar en los comicios del 1º de junio.

De acuerdo con el listado enviado al Congreso capitalino, están 53 juzgadores para 95 cargos disponibles y 23 magistrados en funciones que aspiran a 33 lugares que hay.

Los togados están especializados en materia civil, mixto civil, tutela de derechos humanos, penal, justicia para adolescentes, ejecución de sanciones penales, de lo familiar en adopción nacional e internacional, así como en lo familiar y laboral.

Ningún juez ni magistrado en funciones se registró para la materia civil especializada en extinción de dominio. Quienes buscan ser elegidos serán inscritos automáticamente en la boleta y competirán con otros seis candidatos que elijan los tres poderes de la Ciudad de México –dos por cada uno–.

El decreto de egresos 2025 incluye un presupuesto de poco más de 357 millones de pesos para el pago de jueces y magistrados que declinen su candidatura o que no resulten elegidos en el proceso.

Entre quienes buscan mantener sus cargos están Silvia García Lara, juez 11, a quien acusaron de retrasar procesos legales, tener varios sin cerrar y bajar pensiones alimenticias sin elementos, de acuerdo con padres afectados.

También se halla Javier Raúl Ayala Casillas, quien fue denunciado por el empresario cafetalero Pedro Pérez Olvera de haber liberado a Víctor Manuel Zardain Herrerías por fraude genérico por un millón 150 mil dólares. Asimismo, destaca José Guadalupe Carrera Domínguez, ex presidente del Tribunal Superior de Justicia local.

Durante la aprobación de la convocatoria para la elección judicial, la diputada Xóchitl Bravo, integrante de la Comisión Especial para el Proceso de Selección de Jueces y Magistrados del Poder Judicial en el Congreso, aseguró que el hecho de que varias personas se registren para participar en la elección no quiere decir que sean los candidatos.

Explicó que quienes se registren en el proceso deberán cumplir con todos los requisitos de ley, los cuales no serán evaluados por diputados ni por servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial, sino por los comités ciudadanos de cada uno que en su seno valorará los perfiles y seleccionará a las personas mejor calificadas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios para el desempeño de los cargos.