Quito. Un examen antropológico y de ADN identificó, el último día del año 2024, los cuerpos calcinados de los cuatro chicos detenidos por una patrulla militar el pasado 8 de diciembre, luego de lo cual fueron torturados, asesinados, los habrían rociado de gasolina y prendido fuego para después lanzarlos al río Taura, a 16 kilómetros del lugar de su aprehensión, en la ciudad de Guayaquil.

La noticia conmocionó a todo el país porque ese día precisamente un juez ordenó la prisión preventiva de los 16 militares de esa patrulla bajo la acusación de desaparición forzosa. Ahora el delito por el que se los procesará penalmente sería el de ejecución extrajudicial.

Así, en vez de los consabidos deseos de un buen año 2025 un sinnúmero de personalidades, dirigentes sociales, políticos y de defensa de los Derechos Humanos se sumaron a la corriente de dolor e indignación que copó las redes sociales y algunos medios de comunicación, inculpando directamente al gobierno de Daniel Noboa, pues días atrás el mandatario ecuatoriano ya los había declarado “héroes nacionales”, “porque ya sabía que estaban muertos tras la tortura, dijo Antonio, tío de Josué e Ismael Arroyo.

Tras una intensa expectativa, Dennis Ugalde Álvarez, juez de la Niñez y la Familia, dictó prisión preventiva la mañana del 31 de diciembre de 2024 para los 16 militares procesados, en principio, por el delito de desaparición forzada en el caso conocido como Malvinas.

Foto Afp

Ahora vendrán algunas diligencias como, por ejemplo, la reconstrucción de los hechos. Además, los 16 uniformados ya fueron trasladados a recintos penitenciarios diferenciados. Ese mismo día se dictaron medidas de protección para los familiares de los niños, incluyendo botones de auxilio, entrevistas psicológicas y otras acciones reparativas.

En la audiencia, el fiscal del caso señaló que los menores no estaban involucrados en ningún acto delictivo, refutando la versión del ministro de Defensa Giancarlo Lofredo y los mandos militares de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Incluso, el ministerio de Defensa deberá pedir diculpas públicas por lo acontecido, en nombre del Estado ecuatoriano.

El delito con el que se llamó a la audiencia de formulación de cargos fue de desaparición forzada que tiene una pena que oscila entre 22 y 26 años de prisión. Sin embargo, tras la identificación de los restos incinerados la figura del delito cambiará a ejecución extrajudicial que conlleva una pena de hasta 34 años de privación de la libertad.

El “Conflicto Armado Interno”

Todo esto ocurre en Ecuador en medio del llamado “Conflicto Armado Interno”, decretado el 9 de enero de 2024, que cuestionan varios expertos y juristas, que además posicionaron lo que luego se convirtió tendencia en redes sociales: “Tu guerra los mató”, aputando al presidente Noboa, en referencia al homicidio de cuatro niños.

Incluso, académicos y especialistas en temas de seguridad indicaron a La Jornada que se trata de un “Crimen de Estado” que puede acarrear, además, un juicio político al mismo Noboa, según el artículo 129 de la Constitución.

Según el investigador Jorge Núñez, es la causa de la serie de violaciones a los derechos humanos, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, “tal cual ocurrió en su momento en México, con el gobierno de Felipe Calderón”.

Del mismo criterio parte la abogada penalista Mónica Luzurraga, para indicar que esta “Guerra Interna” revela una práctica del Estado que ya no puede considerarse como hechos aislados y de exclusiva responsabilidad de los militares de bajo rango, sino que con la narrativa gubernamental, “al más alto nivel”, de asesinar a cualquier supuesto delincuente se aupa toda clase de delitos.

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Ex presidentes como Rafael Correa o Guillermo Lasso condenaron el hecho y pidieron una investigación a fondo. El primero de ellos incluso señaló directamente a Noboa por “jugar a Rambo”, “sabían que estaban muertos y lo ocultaron”, además que intentaron “hacer pasar a los chicos como delincuentes”.

Hasta el cierre de esta edición, Noboa no se pronunciaba, tampoco los ministros de Seguridad ni los mandos militares. Incluso, tras los pronunciamientos de ayer de los familiares de los chicos en la velación y entierro posterior, donde inculparon directamente a Noboa por el crimen, no hubo ninguna reacción oficial.

“Estamos dolidos todos, porque no esperábamos esto. Siempre tuvimos la esperanza de que los niños estaban vivos, y que iban a llegar con bien. Pero fue un dolor, cuando dijeron en plena audiencia eso (que habían sido asesinados)”, indicó un familiar de Steven Medina, de once años de edad.

Este niño, amante del fútbol, con Ismael y Josué Arroyo (14 y 15 años), y Nehemías Arboleda (15 años) jugaban con sus amigos en el sur de Guayaquil, en ese momento fueron retenidos por una patrulla militar, supuestamente porque recibieron la denuncia de que los chicos estaban robando a los transeúntes, pero en ninguna parte consta que se haya producido algo parecido.