Madrid. El Consejo de Ministros del gobierno español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, impuso una serie de duras condiciones a la fusión entre el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) con el catalán Sabadell, entre ellas que no se formalice su integración plena hasta dentro de tres años, prorrogables a dos más, y que no se produzca ningún despido en ambos bancos. La operación se inició a raíz de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) de carácter hostil por parte del BBVA, que busca crecer al interior de España, sobre todo en el sector de la banca empresarial, donde el Sabadell tiene la mayor parte de su cartera de clientes.
La operación financiera ya había superado todos los filtros impuestos por el régimen legal, entre ellas los dictámenes a favor de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC), del Banco de España y de las propias autoridades financieras europeas, que impusieron algunas restricciones y cortapisas legales, pero que finalmente autorizaron la operación en las condiciones en las que las había presentado el BBVA. Después de estos filtros legales, las maniobras para empujar, en el caso de los directivos del BBVA, o frenar, en el caso de las del Sabadell, se trasladaron a los despachos políticos y a puerta cerrada. Y ahí los directivos del Sabadell aprovecharon la coyuntura política y la dependencia política que tiene el actual presidente del gobierno de los grupos parlamentarios del independentismo catalán, sobre todo Junts per Catalunya (JxCat), que además han hecho campaña contra esta operación al considerar que supondría una perdida de riqueza para Cataluña y el desarraigo identitario de la entidad financiera.
En este contexto, el Ejecutivo español decidió intervenir y fijar nuevas condiciones a la operación, entre ellas la de obligar a que ambas entidades mantengan durante los próximos tres años la personalidad jurídica y el patrimonio separados, así como la autonomía en la gestión de su actividad. Así lo explicó el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, tras una deliberación que ha durado casi un mes y que supone, en la práctica, congelar durante al menos tres años la fusión de ambos bancos, si finalmente la OPA saliese adelante y BBVA mantuviese los planes iniciales con los que presentó la oferta. Para su decisión, el gobierno apeló a la “protección de cinco criterios de interés general, entre ellos el garantizar que se cumplen los objetivos de la regulación sectorial vinculado a la financiación empresarial, la cohesión territorial, los objetivos de política social, como garantizar el acceso a la vivienda asequible, la promoción de la investigación y desarrollo en tecnológica y la protección de las plantillas.
El gobierno además se reservó el derecho de revisar en el plazo de tres años la situación y si lo considera oportuno, podría determinar la prórroga de la autonomía de ambas entidades por otros dos años más. Es decir, la fusión podría retrasarse hasta cinco años.
De momento, la directiva del BBVA no se ha pronunciado sobre las imposiciones, si bien su presidente, Carlos Torres, ya advirtió que en caso de que el gobierno dificultara sin motivo legal aparente la operación podrían acudir a las instancias judiciales posibles, entre ellas las que regulan el mercado financiero europeo.
