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La actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, tuvo un tortuoso camino para llegar a esa posición, pues “representa el último lugar en desempeño de todas las magistradas de circuito, de acuerdo con datos del propio Poder Judicial”, acusaron senadores en su momento. Foto ‘La Jornada’
La actual presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, tuvo un tortuoso camino para llegar a esa posición, pues “representa el último lugar en desempeño de todas las magistradas de circuito, de acuerdo con datos del propio Poder Judicial”, acusaron senadores en su momento. Foto ‘La Jornada’
12 de diciembre de 2024 08:00
Ridícula, limitada y públicamente cuestionada y exhibida por su notoria incapacidad para ocupar el puesto, Norma Piña enseñó el cobre desde su designación como ministra (10 de diciembre de 2015, nominada por Enrique Peña Nieto) y posterior ascenso a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (electa por sus pares el 2 de enero de 2023, y de pasadita del Consejo de la Judicatura Federal, es decir, juez y parte).

En el primero de los casos, requirió de tres rondas de votación para amarrar la posición que dejaba Olga Sánchez Cordero, no sin antes recibir los atentos saludos de algunos legisladores: no se trata de un problema de equidad de género, sino de méritos y capacidades; no tendrá el voto, porque representa el último lugar en desempeño de todas las magistradas de circuito, de acuerdo con datos del propio Poder Judicial; el puesto debe ser ocupado por una mujer con trayectoria, capacidad e independencia (senador Armando Ríos Peter). Además, Peña Nieto “apuesta a la subordinación de la Suprema Corte y coloca ahí a incondicionales como Piña y Laynez Potisek –designado en la misma fecha–, para garantizar que no se abra un debate jurídico o constitucional sobre sus reformas” (senador Manuel Bartlett). De cualquier forma, siempre con el empujón de Peña Nieto, Norma Piña se convirtió en ministra.

En el segundo, una vez más fueron necesarias tres rondas de votación para que la susodicha se convirtiera en la primera mujer en ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La crónica de entonces ( La Jornada, Gustavo Castillo) subraya que tal elección constituyó el trámite más difícil de esta institución desde 1994, cuando el número de integrantes se redujo de 26 a 11 y se creó el Consejo de la Judicatura Federal para supervisar el desarrollo administrativo de juzgados y tribunales.

Y desde que se sentó en la silla principal de la SCJN, Norma Piña confirmó la validez de aquella advertencia (no se trata de un problema de equidad de género, sino de méritos y capacidades; ocupa el último lugar en desempeño de todas las magistradas de circuito): errática, caprichosa, mentirosa, plañidera, prepotente y, sobre todo, abierta defensora de la mafia judicial, la corrupción, el nepotismo y los extravíos en el aparato de impartición de justicia, dejando en claro, por si lo alguien dudara, que ésta sólo es para quien la paga y los demás que se jodan.

Piña presentó su segundo y –felizmente– último informe de labores (renunció anticipadamente al hueso –se hará efectiva el próximo 31 de agosto–, pero no por dignidad, sino por dinero, para mantener sus privilegios junto con su pensión de cuento de hadas), y buena parte de él se enfocó en defenestrar lo que denominó “narrativa falsa e infundada, pero repetida tan consistentemente que ha parecido convertirse en verdad… el punto de quiebre”, frase que resume, sin reconocerlo, su aparatosa derrota ética, profesional, legal y política en lo que se refiere a la reforma al Poder Judicial, que ya forma parte de la Constitución.

Carente de mínima autocrítica –todo fue perfecto con ella en la silla principal de la SCJN–, Piña se hizo la mártir y se lanzó en contra de quienes osaron cuestionarla: “la campaña de deslegitimación de personas juzgadoras federales comenzó hace más de seis años; no debemos olvidar los ataques a jueces y magistrados que desde entonces ya eran constantes; los intentos de injerencia sobre la Judicatura Federal llegaron a extremos; algunos medios públicos y todos los medios oficiales se enfocaron en la anulación de la independencia judicial y el desprestigio público de las personas juzgadoras, sin nunca presentarse prueba alguna; las coincidencias entre ataques y amenazas a la Judicatura Federal y a sus integrantes, y el legítimo ejercicio de nuestra función jurisdiccional se hicieron patentes cuando frente a decisiones contrarias a los intereses del gobierno se nos llamó ‘traidores al pueblo’ y abiertamente se nos acusó de no ser parte –como además no debía ser, por no corresponder a cada juzgador– de un proyecto político dominante”.

En fin, Piña resultó ser una vergüenza para el de por sí desacreditado Poder Judicial y un obstáculo para que los mexicanos tengan acceso a una justicia pronta y expedita. Lo bueno es que ya se va, aunque cierto es que nunca debió ocupar los cargos que ostentó.

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