Ciudad de México. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del
Poder Judicial de la Federación (JUFED) dijo que denunció ante la comunidad nacional e internacional "el grave retroceso democrático y jurídico" que representa la reciente reforma judicial promovida por el gobierno de Claudia Sheinbaum y la mayoría legislativa en el Congreso.

La JUFED hizo un llamado a la sociedad y a la comunidad internacional a no permanecer en silencio "ante este golpe de Estado franco y abierto...Instamos también a la Organización de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a los gobiernos democráticos del mundo a condenar este retroceso democrático, que coloca a México del lado de las autocracias".

El fin de semana, los jueces y magistrados del país que integran la JUFED votaron por mayorí para regresar a sus actividades a partir de este míercoles 16 de octubre; con ello pondrían fin al paro que se inició el 19 de agosto en el Poder Judicial de la Federación (PJF). A cambio pidieron a su dirigencia que se realicen otras modalidades de protesta en contra de la reforma.

Hoy la asociación indicó que la enmienda, al eliminar la independencia judicial, compromete seriamente el cumplimiento de los tratados internacionales firmados por México, especialmente el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual exige que los países miembros mantengan un sistema judicial imparcial e independiente para resolver disputas comerciales.

Sin embargo, señaló que la reforma judicial aprobada "pone en riesgo" dichos compromisos, "debilitando" el marco legal que protege los derechos de los ciudadanos y de los inversores.

Pero nosólo eso, consideró que esta violación no sólo es de carácter regional, sino que también vulnera el Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación con la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos.

"La citada reforma presenta varios impactos preocupantes. En primer lugar, no respeta la alta especialización y competencia de los tribunales actuales en áreas críticas como telecomunicaciones, propiedad intelectual y medio ambiente, lo que puede afectar la capacidad de México para cumplir con sus obligaciones bajo el T-MEC".

Además, reiteró que la independencia e imparcialidad de los tribunales federales especializados están en riesgo, lo cual es un requisito fundamental según el capítulo 23 del tratado. "La falta de un sistema judicial confiable podría erosionar la confianza de los inversores y desincentivar la inversión en el país".

Añadió que la reciente reforma laboral de 2019 había representado un avance hacia un sistema de justicia laboral autónomo y especializado, alineándose con las exigencias del T-MEC. No obstante, insisitió que la reforma judicial en curso destruye esos logros, debilitando la profesionalización y especialización de los juzgadores.

"Ante este escenario, hacemos un llamado urgente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a asumir su responsabilidad histórica en la defensa de la independencia judicial. Los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y el respeto a sus derechos humanos está en riesgo. La politización de la justicia, la desaparición de la carrera judicial y la erosión de la certeza jurídica no solo afectan a los ciudadanos, sino que también comprometen la confianza en el sistema judicial, crucial para el desarrollo económico y social del país".