Madrid. Desde Waterloo, donde vive desde hace siete años, el ex presidente catalán Carles Puigdemont presentó una denuncia ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llanera, quien a su juicio está retrasando intencionadamente la resolución del recurso que presentó para que se le aplique lo antes posible la ley general de amnistía, que le anularía las imputaciones que tiene en su contra. Puigdemont está en búsqueda y captura por los tribunales españoles, sin embargo el pasado 8 de agosto acudió a Barcelona para dar un mitin en el marco del debate de investidura del socialista Salvador Illa y después de hablar ante sus seguidores desapareció y evitó ser detenido por la policía autonómica catalana, que supuestamente había iniciado un dispositivo para llevar a caso su aprehensión.

La orden de detención de Puigdemont la giró precisamente el juez Llarena, quien instruye la mayor parte de las acusaciones en su contra y que se niega a aplicar la ley de amnistía a una de ellas, la que se refiere a los delitos de malversación de caudales públicos, al considerar que no es aplicable y que iría en contra de la normativa europea en este rubro especialmente sensible en las instituciones comunitarias. Sin embargo, Puigdemont presentó la denuncia contra el juez, al que acusó de “desatención y retraso injustificado y reiterado”, por lo que considera que “ha incurrido en una infracción disciplinaria por haberse excedido con creces e incumplido reiteradamente el plazo legal previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la resolución de los recursos de reforma”.

El CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces y acaba de ser renovado tras una larga negociación entre los dos principales partidos políticos, el Partido Popular (PP) y el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), sin embargo todavía tiene pendiente el nombramiento de su nuevo presidente.