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Sería ilegal y absoluto error paro de labores en PJF: Lenia Batres

La ministra afirmó en conferencia de prensa que legalmente la suspensión de labores no tendría sustento legal. Foto equipo Lenia Batres
La ministra afirmó en conferencia de prensa que legalmente la suspensión de labores no tendría sustento legal. Foto equipo Lenia Batres
18 de agosto de 2024 20:18

Ciudad de México. Sería “un error absoluto” e ilegal el paro laboral para el próximo miércoles que jueces y magistrados pretenden poner a consulta, acusó este domingo la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama.

Luego de participar en un foro sobre la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) en Baja California Sur, la ministra afirmó en conferencia de prensa que la suspensión de labores no tendría sustento legal porque las personas impartidoras de justicia no son trabajadores de base, por lo que sus derechos laborales no contemplan poder organizar un paro.

“Es un hecho que ni en la ley ni en las jurisprudencias los trabajadores de confianza cuenten con derechos adquiridos, luego entonces qué van a reclamar, esa es la pregunta ¿qué van a reclamar los jueces, los magistrados, los ministros. Como no pueden reclamar igual que un trabajador de base sus derechos laborales, entonces lo que van a reclamar pues es una posición política, van a reclamar por que no se haga una reforma, van a reclamar a otro poder que no ejerza sus facultades. Pues yo no sé si eso sea legítimo, me parece que es un error absoluto, es un error profundo porque se va a lo más directo de la politización de la función, en este caso de estos jueces, magistrados y ministros, van a hacer una presión absolutamente política”, sentenció la ministra”, dijo.

Explicó que el apartado B del artículo 123 constitucional fue establecido para los trabajadores del Estado, pues se entiende que les corresponde poner por encima de sus intereses personales los intereses generales.

Acusó que el paro es “una forma de presión política”, pues su finalidad no es defender ninguna conquista laboral o prestación económica, sino tratar de impedir la materialización de una decisión de uno de los tres poderes de la Unión, el Legislativo.

 

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