Ciudad de México. Aunque es deber de los jueces remover las barreras estructurales que enfrentan las mujeres para acceder a la justicia, se siguen presentado casos en los que estas autoridades actúan sin perspectiva de género y favoreciendo a quienes ejercen violencia en su contra, enviando así mensajes de impunidad, aseveraron el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).
Las organizaciones expusieron el caso particular de la juez Evelina Ramírez Venegas, del Juzgado de enjuiciamiento penal de Acapulco, Guerrero, quien -aseguraron- ha sido “parcial” en el proceso penal que se sigue contra José Luis Martínez Rodríguez, por el feminicidio de Melani, su entonces esposa, que además ha intentado pasar la muerte como “accidente”.
Recordaron que la joven fue asesinada la madrugada del 28 de noviembre del 2017, cuando Martínez Rodríguez, ex piloto aviador de la fuerza aérea, “la tomó de los cabellos y azotó contra la puerta, después la tiró al piso ahorcándola con ambas manos hasta provocarle ruptura del hueso hioide y asfixia”.
No obstante, afirmaron, el agresor hizo pasar la muerte de Melani como una caída accidental, pues colocó el cuerpo en unas escaleras que había en el departamento donde vivían y trató de borrar “toda evidencia” que lo incriminara.
“Impidió que las autoridades ingresaran a la escena del crimen para realizar las investigaciones, rápidamente llevó el cuerpo a una funeraria para que fuera incinerado, diciéndole a los papás de la víctima que ésa había sido su última voluntad”, sostuvieron el Centro Tlachinollan y el OCNF.
Indicaron que Martínez Rodríguez fue detenido y procesado en enero del 2023, y el 12 de abril del 2024 dio inició el juicio oral, en el que ya se han desahogado la mayoría de las pruebas. Sin embargo, la actuación de la jueza Ramírez Venegas “ha sido sumamente parcial”, entre otras cosas porque “las objeciones y debates son resueltos a favor de la defensa aun cuando no le asista la razón; en la audiencia maltrató al padre de Melani cuando rindió declaración como testigo; y a una perita que habló de los ciclos de violencia que vivió la víctima trató de obligarla que dijera si era feminista”.
También, porque “varios testigos han sido declarados desiertos de manera categórica sin dar oportunidad al ministerio público de localizarlos y presentarlos a la audiencia y a menudo viola el principio de contradicción dado que no le da intervención a la asesoría jurídica en el debate”.
Las organizaciones advirtieron que “es público que la juez pertenece al círculo de amistad del defensor del imputado en la ciudad y puerto de Acapulco. Éste tiene una escuela de litigantes a la que a menudo la jueza acude a impartir cursos a los letrados”.
