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Niegan petición de amparo a Roberto Borge para llevar proceso en libertad

Roberto Borge Angulo, ex gobernador priísta de Quintana Roo enfrenta un proceso por delincuencia organizada. Foto Cuartoscuro/Archivo
Roberto Borge Angulo, ex gobernador priísta de Quintana Roo enfrenta un proceso por delincuencia organizada. Foto Cuartoscuro/Archivo
24 de junio de 2024 15:47

Ciudad de México. Roberto Borge Angulo, ex gobernador priísta de Quintana Roo, promovió un nuevo juicio de amparo para impugnar el fallo de un juez de control con residencia en el penal del Altiplano, quien en mayo pasado desechó de plano la solicitud de audiencia de revisión de medidas cautelares, que se inició en su contra por el delito de delincuencia organizada con el propósito de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El ex mandatario estatal tramitó el recurso el pasado 19 de junio ante el el Juzgado Quinto de Distrito en materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de México para que se modifique la prisión preventiva y se ordenara su inmediata libertad. El juez Alfonso Alexander López Moreno, admitió a trámite la demanda de garantías; pero le negó la suspensión provisional.

El juzgador argumentó que el fondo del asunto versa sobre si es inconstitucional o no el acto que se reclama; por ello, si se concede la suspensión en los términos indicados, se estaría resolviendo anticipadamente el asunto. Agendó la audiencia incidental para el próximo 28 de junio donde determinara si le concede la suspensión definitiva del acto reclamado.

En marzo de 2023, Borge Angulo fue vinculado a proceso como presunto responsable de delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita por ello continúa en el Centro Federal de Readaptación Sicosocial de Ayala, Morelos.

En el ámbito estatal se siguen tres procesos penales en contra del último gobernador de origen priísta de Quintana Roo.

Los delitos que se imputan a Borge Angulo en la entidad son aprovechamiento ilícito del poder, por un supuesto desvío de recursos de la empresa paraestatal VIP Servicios Aéreos Ejecutivos; desempeño irregular de la función pública, por un supuesto quebranto al erario estatal, y la venta de varios inmuebles propiedad del estado a precios muy por debajo de su valor real.

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