Hermosillo, Son. A 15 años de la mayor tragedia infantil en la historia de México, padres de los 49 bebés que murieron y de los niños que sobrevivieron con graves secuelas en su salud, al incendio de la Guardería ABC de Hermosillo, acusaron al Poder Judicial de respaldar las tácticas dilatorias que han permitido la impunidad de todos los implicados en la desgracia ocurrida el 5 de junio del 2009, en Sonora.

Al presentar el “Manifiesto a la Nación a 15 años de lucha por 49 razones”, Patricia Duarte Franco quien perdió a su hijo Andrés Alonso, de apenas tres años de edad, recordó que la Suprema Corte de Justicia ha sido garante de la impunidad, desde que exoneró a familiares de Margarita Zavala y Felipe Calderón, como Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella y Gildardo Urquídez Serrano, ambos propietarios de la Guardería ABC.

“La primera, socia fundadora fue la que decidió donde poner la Guardería ABC e iniciar su operación con 50 mil pesos, ella entregó un plano falso de la estancia infantil a las autoridades de Protección Civil municipal y así le autorizaron su negocio. Negocio que le daba más de 1 millón de pesos mensuales de ganancia”, aseguró Patricia Duarte.

Está recordó que han pasado tres lustros y nadie ha pisado la cárcel por su responsabilidad en el incendio de la estancia infantil, a pesar que existen sentencias condenatorias por los delitos de lesiones y homicidio culposo, en contra de 13 personas, incluyendo a funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno y socios de la guardería.

“Por la vía Penal la SCJN tuvo la oportunidad de hacer la diferencia. Derivado de amparos interpuestos contra la sentencia de segunda instancia dentro del expediente 204/2016 dictada por el Magistrado del Tercer Tribunal Unitario del Quinto Circuito, en la cual los 13 procesados son penalmente responsables por los delitos de Lesiones y Homicidio culposos por lo que dictó sanciones de 20 a 29 años de prisión, sin embargo, el Máximo Tribunal no le dio la importancia que tiene el caso al devolver los expedientes a Sonora y beneficiar a los procesados donde las y los jueces redujeron las sentencias: De 2 a 5 años, una vez más favoreciendo a los responsables de este crimen de Estado”, agregó.

La organización Manos Unidas por Nuestros Niños, fundada por los padres de los menores fallecidos en el incendio de la guardería ABC, han señalado en repetidas ocasiones su inconformidad con las recientes condenas relacionadas con el caso, calificándolas de "justicia parcial".

Gabriel Alvarado Serrano, representante legal del grupo Manos Unidas reclamó a Norma Alicia Piña Hernández, presidenta de la SCJN vigilar el actuar de los jueces a cargo del caso, expuso que dilatar la resolución de la tragedia revictimiza a las familias afectadas: “Hasta este momento ha faltado voluntad y disposición, le hemos hecho un llamado a la Ministra Presidenta que debe de vigilar el actuar de los jueces y revictimiza a las familias por la falta de justicia”.

En el 2012 antes de concluir la administración de Calderón Hinojosa, la socia fundadora de la Guardería ABC, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, fue absuelta por Magistrado del Primer Tribunal Unitario del Quinto Circuito, Pablo Ibarra Fernández. Al siguiente año, Gildardo Urquídez, otro socio de la estancia infantil también fue liberado de culpa.

A pesar de que se confirmó que el incendio y los fallecimientos fueron causados por una negligencia en el manejo de la estancia, Gómez del Campo fue exonerada de todo cargo inmediatamente después del accidente. Cabe destacar que Gómez del Campo es esposa del juez federal Antonio Salido Suárez.

Cuatro años más tarde en 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso e inculpó a diez ex funcionarios del Estado entre ellos Fausto Salazar Gómez, ex director de Recaudación de la Secretaría de Hacienda en Sonora; Jorge Luis Melchor Islas, subdirector de recaudación; y Jorge Arturo Torres Escalante, encargado de la bodega de Hacienda, los tres con una sentencia de cuatro años, nueve meses y diez días de prisión; así mismo a Arturo César Leyva Lizárraga, ex delegado del IMSS en Sonora, por 5 años y 07 meses de prisión quién ya pereció.

En cuanto al municipio, Roberto Copado Gutiérrez, ex director de Protección Civil Municipal; Jesús Davis Osuna, ex director de Inspección y Vigilancia; Martín Francisco Lugo Portillo, jefe del departamento de Bomberos, Arturo Dávila Pacheco, segundo comandante de Bomberos, con una sentencia de 5 años y 7 meses, el primero se encuentra prófugo de la justicia.

“El grupo de padres de Manos Unidas le otorgó el perdón al grupo de funcionarios del cuerpo de Bomberos, estas personas están acusadas no por la omisión en la revisión de los sistemas de seguridad de la guardería”, expuso Gabriel Alvarado abogado del grupo Manos Unidas.

Los otros dos sentenciados son los socios Sandra Lucía Téllez Nieves y Antonio Salido Suárez, cinco años 7 meses. La fémina se encuentra prófuga de la justicia. Y los otros tres inculpados por la SCJN son las cuidadoras de la Guardería: Delia Irene Botello, Irma Díaz Gómez y Yadira Barreras por el delito del ejercicio indebido del servicio público con una sanción de tres años.

Las familias de las victimas en que el incendio, que cobró la vida de 49 niños, fue provocado deliberadamente en una bodega contigua a la estancia infantil, perteneciente a Hacienda, con el fin de destruir documentos que evidenciaban una supuesta deuda del exgobernador priista Eduardo Bours Castelo, generada a través del programa de obras conocido como Plan Sonora Proyecta.

En estos 15 años transcurridos, ninguna persona ha sido encarcelada por su responsabilidad en el incendio, las únicas personas que han estado en prisión lo fueron por incumplir medidas cautelares dictadas por los jueces, no por su implicación directa en la tragedia.

Actualmente, existen órdenes de aprehensión pendientes, pero las autoridades no las ejecutan. Funcionarios públicos y socios de la Guardería ABC continúan en libertad; mientras, los padres de los niños fallecidos y los sobrevivientes siguen clamando justicia, enfrentándose a un sistema que no ha respondido a sus demandas.