En Sonora se cumplimentó la orden por los delitos de homicidio y lesiones culposas. La imputada fue trasladada al Centro de Reinserción Social Femenil, en Hermosillo.
Padres de los 49 menores fallecidos acusaron al Poder Judicial de respaldar las tácticas dilatorias que han permitido la impunidad de todos los implicados en la desgracia ocurrida el 5 de junio del 2009.
Desde el inicio se tomaron medidas para la reparación del daño, la atención a los niños y luego el castigo a los responsables: "el compromiso del Estado es de la no repetición”, dijo.