Padres de los 49 menores fallecidos acusaron al Poder Judicial de respaldar las tácticas dilatorias que han permitido la impunidad de todos los implicados en la desgracia ocurrida el 5 de junio del 2009.
Desde el inicio se tomaron medidas para la reparación del daño, la atención a los niños y luego el castigo a los responsables: "el compromiso del Estado es de la no repetición”, dijo.
