La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya rechazó ayer la petición de México de dictar medidas cautelares en su favor, con el argumento de que Ecuador ya había ofrecido las garantías que le solicitaba, como parte del litigio por el asalto a su embajada en Quito, el pasado 5 de abril.

El principal órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) afirmó que esta resolución no prejuzga sobre el fondo de la demanda de México, que acusa a Ecuador de transgredir la Convención de Viena por haber roto la inviolabilidad de la sede diplomática y su personal.

El litigio continúa y será resuelto en los próximos meses por la CIJ. En siguientes etapas, el tribunal recibirá argumentos sobre el alcance de las violaciones al derecho internacional cometidas por Ecuador.

En sesión pública del organismo, transmitida por Internet, el presidente de la CIJ, el juez libanés Nawaf Salam, leyó la resolución, la cual señala que las garantías ofrecidas por el Estado de Ecuador son suficientes por ahora y responden a las preocupaciones expresadas por México en su solicitud.

El Tribunal recuerda, en particular, que no existe requisito más fundamental para el desarrollo de las relaciones entre estados que la inviolabilidad de los enviados diplomáticos y de las embajadas, apunta la resolución.

Como parte del procedimiento ante la CIJ, México solicitaba como medidas cautelares garantizar la plena protección y seguridad de la sede diplomática, de los bienes que en ella se encuentran y de los archivos, protegiéndolos de cualquier forma de intrusión.

Asimismo, exigía que Ecuador autorice al gobierno mexicano a vaciar la embajada y la residencia privada de sus diplomáticos, garantizar que no se adopte ninguna medida que pueda perjudicar los derechos de México en relación con cualquier decisión que la Corte pueda dictar sobre el fondo de la demanda y que se abstenga de cualquier acto o conducta que pueda agravar o extender la controversia ante este tribunal.

En una audiencia celebrada el 2 de mayo ante la CIJ, Ecuador se comprometió por escrito a dar las seguridades que le demandaban.

La Corte considera que esas garantías abarcan las preocupaciones de México: fueron dadas públicamente ante el Tribunal y, además de ser formuladas de manera incondicional, son vinculantes y crean obligaciones legales para la demandada.

La CIJ consideró que no hay urgencia porque no hay riesgo real e inminente de perjuicio irreparable para los derechos invocados por México.

Subrayó que su decisión deja intactos los derechos de las partes relativos a la admisibilidad y el fondo de la demanda.