Moscú. La polarización de Georgia genera en este país ex soviético del Cáucaso del sur mítines de protesta de la oposición, que se producen a diario frente a la sede del Parlamento en Tiflis, la capital, desde que hace dos semanas la mayoría legislativa aprobó en primera instancia, el pasado 17 de abril, el polémico proyecto de ley de la transparencia de la influencia extranjera.

La bancada del partido gobernante, Sueño Georgiano, y los legisladores de su aliado Poder del Pueblo –con 83 votos de los 150 diputados que tiene el Parlamento georgiano– lograron este miércoles reciente aprobar el proyecto de ley en segunda lectura.

Sucedió después de acalorados debates, de varias posposiciones de la votación y de que la víspera, el martes, se produjo un violento enfrentamiento de los opositores con la policía, saldado con 63 detenidos y numerosos lesionados, acusándose ambas partes de haber provocado el choque.

El gobierno del primer ministro Irakli Kobajidze, para mitigar la crispación política, decidió prolongar hasta el 13 de mayo el periodo de vacaciones con motivo de la pascua ortodoxa, el 5 de este mes.

Aunque todavía no se ha fijado fecha para la tercera y definitiva votación del proyecto de ley, la prensa georgiana da por hecho que será el 17 de mayo, dado que el Sueño Georgiano defiende lo que denomina “valores tradicionales” y esa fecha es el Día de la santidad de la familia y para honrar a los padres, proclamado por el Patriarca de la Iglesia Ortodoxa georgiana, Ilia Segundo, celebración contrapuesta al Día internacional de lucha contra la homofobia y la transfobia, también el 17 de mayo.

La presidenta de Georgia, Salome Zurabishvili, enfrentada al gobierno, advirtió que si se aprueba el proyecto ejercerá su derecho al veto, pero el premier Kobajidze adelantó que está ley es innegociable y “a mediados de mayo será aprobada y unas semanas más tarde el Parlamento revertirá el veto presidencial y la ley entrará en vigor”.

El proyecto estipula que cualquier partido u organización no gubernamental que reciba más de 20 por ciento de financiamiento desde el exterior debe registrarse como “agente extranjero”, lo cual –según sus promotores– pretende “reforzar la soberanía nacional frente a los intentos de Occidente de empujar a Georgia a una confrontación con Rusia”, tesis programática que se atribuye a Bidzina Ivanishvili, fundador del Sueño Georgiano y ex primer ministro del país, multimillonario que forjó su fortuna haciendo negocios cuando vivía en Rusia.

Para Ivanishvili, considerado la persona que mueve los hilos del gobierno desde la sombra, “la financiación de las ONG, que se presenta como una ayuda para nosotros, en realidad sólo sirve a los intereses de los servicios de espionaje (extranjeros) que buscan llevar a la oposición al poder”.

Los adversarios de la ley, en contraste, sostienen que –al imponer muchas trabas burocráticas, frecuentes informes financieros y auditorías, cuyo incumplimiento conlleva fuertes multas e incluso penas de cárcel en caso de reincidencia– es una calca de la ley rusa que obliga a opositores, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos, críticos con la política del Kremlin, a cumplir infinidad de requisitos que paralizan su actividad o los fuerzan a emigrar.

Levan Jobeishvili, líder del Movimiento Nacional Unido, el principal partido de oposición, propuso a la mayoría legislativa detener el proceso de aprobación de la ley hasta las elecciones de octubre siguiente para que “sea el pueblo quien decida”. De no hacerlo así, Jobeishvili amenazó con sacar a la calle a sus seguidores para “defender los intereses nacionales de Georgia”.

La Unión Europea, a través de sus principales funcionarios, advirtió que la promulgación de esa ley podría descarrilar la eventual incorporación de Georgia, que en diciembre anterior recibió la respectiva invitación.

Por su parte, Estados Unidos, a través de su embajadora en Tiflis, Robin Dunnigan, también expresó su “extrema preocupación” por una “ley que es incompatible con las aspiraciones de integración europea de Georgia” y conminó al gobierno georgiano a “confirmar el futuro euroatlántico (Unión Europea y Organización del Tratado del Atlántico Norte) de Georgia, como señala su Constitución”.