Hace 30 años surgió un movimiento social y de esperanza que llamó al pueblo mexicano a alzar la voz contra las injusticias y las desigualdades que vivían las comunidades indígenas de Chiapas tras décadas de ser olvidados, discriminados y desterrados de sus propias tierras, situación que no posibilitaba una construcción digna del futuro ni con base en sus cosmovisiones como pueblos indígenas. Esto se dio a través del levantamiento indígena en armas que declaraba la guerra por la búsqueda de justicia e igualdad al Estado mexicano mediante su Primera Declaración de la Selva Lacandona.
Esta convocatoria tuvo como resultado fuertes movilizaciones en el país y el mundo, principalmente impulsadas por la sociedad civil, que exhortaban al gobierno y Ejército federal a dejar las armas y promover el diálogo como solución. Tras 15 días de enfrentamientos contra el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), ambas partes guardaron las armas y se iniciaron los Diálogos para la Paz con Justicia y Dignidad, cuyo proceso marcó una nueva etapa para las personas y comunidades indígenas no sólo en Chiapas, sino en el país entero. Como resultado de este proceso, el 16 de febrero de 1996 se firmaron los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, en los cuales se establecieron vertientes para la participación política, acceso a la justicia y respeto a los derechos indígenas, como la libre autodeterminación.
Además, se promovieron compromisos para atender aspectos sobre la educación pluricultural, la situación de los derechos de las mujeres indígenas y de las culturas originarias. Esto conllevó a la exigencia de que las personas, pueblos y comunidades indígenas fueran reconocidos como sujetos de derecho y así, con estos acuerdos, garantizar condiciones para el ejercicio de sus derechos humanos. Asimismo, estos diálogos colocaron los derechos indígenas como tema de discusión pública por primera vez en la historia de México, lo que generó que hubiera un reconocimiento con dignidad de la identidad originaria.
A pesar de ello, el gobierno federal sigue en deuda histórica y social con las poblaciones indígenas, pues han pasado cinco presidentes (dos administraciones del Partido Revolucionario Institucional, dos del Partido de Acción Nacional y una del Movimiento de Regeneración Nacional) sin que se dé seguimiento a los acuerdos que el Estado mexicano firmó con el movimiento indígena en 1996 y que, aún con nuevas promesas políticas, no ha sido prioridad para el Poder Ejecutivo.
Ante ello, el 21 de enero de 2024 la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA), formada por más de 240 comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, hizo pública una carta que envió al presidente Andrés Manuel López Obrador (http://bit.ly/ CartaalPresidente), con la intención de recordarle que desde el inicio de su sexenio y, de acuerdo con lo dicho en su conferencia matutina del 11 de julio del año pasado, informó que su gobierno revisaría el tema de la reforma indígena, pues “los pueblos son ‘la verdad más íntima de México’”.
Posteriormente, el pasado 25 de enero, el representante del Ejecutivo Federal anunció que, dentro de su último paquete de reformas legislativas, incluiría la constitucional en materia de derechos indígenas y afromexicanos. Por ende, la actual administración federal tiene la oportunidad de saldar esta deuda histórica con los pueblos y comunidades indígenas e iniciar un proceso de justicia donde se transformen las desigualdades estructurales y las relaciones de poder en condiciones donde predomine el respeto, la igualdad y la dignidad.
De modo que será fundamental conocer la propuesta legislativa que lleve a cabo el Presidente, en la que se espera que respete y garantice los derechos y la voz de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. Es importante mencionar que la actual iniciativa de reforma constitucional sobre los derechos indígenas fue presentada por la comunidad yaqui el 28 de septiembre de 2021 en el contexto del Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui, cuya elaboración se efectuó a través de un proceso de consulta de 60 asambleas y 50 foros regionales, principalmente con el respaldo de 630 mil 983 firmas de autoridades y representantes de los pueblos indígenas y afromexicanos en el país.
Por tanto, es necesario recuperar la memoria histórica para colocar en la discusión legislativa las reformas comprometidas, pues el 5 de febrero es la fecha en que conoceremos los contenidos y deseos reales del actual Presidente de la República por la transformación social y la justicia. Y, ante la coyuntura electoral, se vuelve indispensable que los pueblos indígenas y afromexicanos sean tratados con respeto y dignidad para no ser engañados nuevamente por quienes dicen que solventarán las deudas históricas mientras perpetúan las mentiras e injusticias históricas.
