Luego de realizar una manifestación a las afueras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una comisión de integrantes de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, fue recibida la tarde de ayer por funcionarios del área de derechos humanos del máximo órgano de justicia del país.

Argelia Betanzos, de Mazatecas por la Libertad, detalló que, en la reunión, de aproximadamente 3 horas, y en la que participaron familiares de “presos y perseguidos” del poblado, se determinó establecer una mesa de trabajo, por lo cual calificó la junta como “productiva”.

Recordó que fue un 14 de diciembre de hace 9 años cuando en la comunidad ocurrieron “actos de represión” que derivaron la detención de 33 pobladores. Algunos de ellos acusados del presunto homicidio de Manuel Zepeda, hermano de la ex presidenta municipal Elisa Zepeda, por tentativa de homicidio.

“Dejamos claro un pliego petitorio ante Suprema Corte, el cual en uno de sus puntos expone el incumplimiento del poder judicial del estado de Oaxaca a sentencias federales de amparo. Desde el año 2015 se ganaron diferentes sentencias de amparo, que debieron dar como resultado la libertad de todas las personas acusadas como perseguidas.

“El poder judicial de Oaxaca nunca ha atendido ni atenderá, por eso pedimos una propuesta de justicia que le corresponde a una comunidad indígena criminalizada. Como resultado de la reunión se generó una minuta de acuerdos”.

Añadió que insistirán hasta llegar a la resolución de las demandas; “alcanzar la libertad a través de la resolución de problemáticas jurídicas que dejamos planteadas ante la Suprema Corte, que tiene la infraestructura para resolver”. Otra petición es “reunirnos pronto con el Instituto Federal de la Defensoría Pública, para que ese instituto represente a nuestros compañeros perseguidos”.

Por la mañana, a un costado de las vallas que cerraban el paso hacia la SCJN, debido al informe de la ministra presidenta, Norma Piña, lamentó que a “9 años de lucha por la libertad y el regreso a la comunidad de las personas perseguidas, el actual gobierno de Oaxaca continua en alianza con el grupo caciquil de nuestro pueblo, a la cabeza Eliza Zepeda, secretaria de la Mujer de Oaxaca, expresidenta municipal (de la comunidad) y ex diputada local”.

Previo a la reunión señaló a La Jornada que la intención era contactar con el área de derechos humanos de la SCJN. “Venimos a pedir a la Suprema Corte, una mesa de trabajo definitiva, que dé una atención profunda y resolutiva a todos los casos de prisión y persecución política. A 9 años, el poder judicial del estado de Oaxaca esté agotado rebasado y corrompido, se necesita de la Suprema Corte, porque estamos en estado de sitio, de encarcelamiento continuo, alguien tiene que poner un ya basta desde las creatividades jurídicas. Están siendo afectadas 40 familias”.