Ciudad de México. El financiamiento que obtienen los partidos políticos de aparentes actos lícitos representa un verdadero cáncer para la democracia. Se encubren de la buena fe y de aportaciones en efectivo o en especie de personas morales y sociedades anónimas, donde los verdaderos apostantes están encubiertos y ese es el problema, advirtió la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Janine Otálora Malassis.

Aclaró que este problema no sólo ocurre en México, sino que es global, en el que se utilizan técnicas complejas que recurren a herramientas legales para ocultar el uso indebido de recursos, lo que pone en evidencia esfuerzos sistemáticos y cuidadosamente diseñados para evadir la ley.

En el contexto de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL 2023) la magistrada ofreció la conferencia magistral Conflictividad y respeto a la legalidad en procesos electorales”, en la que afirmó que para descubrir estas simulaciones y sancionarlas es indispensable tener “órganos electorales fuertes, independientes y perfectamente capacitados.

Muchas veces hablamos de compra de votos en nuestro sistema mexicano, pero pocas veces tenemos claridad de lo que esa práctica ilegal implica. Y estos complejos esquemas de financiamiento ilegal son una terrible afrenta para la legitimidad democrática, ya que significan que pequeños grupos cupulares se organizan y ponen a disposición recursos con la única finalidad de imponer su voluntad frente a las mayorías electorales.

Comentó que el estudio Dinero bajo la mesa, financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México, publicado en 2018, reveló que el financiamiento y el gasto ilegal en esos procesos son el mayor problema de la democracia electoral mexicana. Recordó que entre los principales hallazgos se encontró que por cada peso que se reporta como gasto ejercido en el proselitismo para una gubernatura, hay 15 que se mueven por debajo de la mesa.

Y para este estudio hay tres mecanismos ilegales de fondeo de campañas: el primero, desvío de recursos públicos; segundo, aportaciones de particulares y entes prohibidos, y tercero, financiamiento del crimen organizado.

Otálora apuntó que a los actores políticos les molestan las reglas electorales. Y es verdad que la academia y los expertos en muchos casos consideran que en México tenemos una sobrerregulación en la materia, y a veces un modelo que puede ser barroco o arcaico. Sin embargo, añadió, no por estas razones las reglas pueden incumplirse.