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Cifra actual de desaparecidos en Veracruz rebasa la de tres sexenios

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Protesta de integrantes de colectivos de desaparecidos en Veracruz, el pasado 6 de noviembre. Foto Eirinet Gómez
08 de noviembre de 2023 17:39

Xalapa, Ver. La declaratoria de emergencia humanitaria por desapariciones que promovió el gobernador Cuitláhuac García Jiménez al inicio de su gobierno se encuentra a un 30 por ciento de su cumplimiento, dijo Mayra Ledesma Arronte, académica de la Universidad Veracruzana y quien ocupó la dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos desde el inicio de la actual administración hasta enero del 2022. Lo más grave, es que la cifra de desaparecidos ya rebasa la de los tres gobiernos anteriores (Fidel Herrera, Javier Duarte, Miguel Ángel Yunes), y todavía falta un año de gestión.

“Una cosa es poner más presupuesto, que es algo básico qué había que hacer, pero no se pueden seguir llenando la boca diciendo que se atiende como nunca antes. Cuitláhuac García está por terminar su periodo, y el cumplimiento de la Declaratoria de Programa Emergente en materia de Desaparición de Personas no se ha cumplido, ni en un 30 por ciento”, dijo la académica

Apoyada en información de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas, con base en la información del Secretariado Ejecutivo Nacional, Ledezma Arronte señaló que en lo que va del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez (2019-2024) la cifra de desaparecidos alcanzó 2 mil 340 personas hasta mayo, mientras que en el periodo de Miguel Ángel Yunes Linares (2017-2018) sumaron 849 personas desaparecidas, con Javier Duarte (2011-2016) 2 mil 311 personas desaparecidas, y con Fidel Herrera (2006-2010) se tuvo un registro de 266 personas desaparecidas.

Tras la protesta de un día y medio que debieron realizar integrantes de colectivos de familia que buscan personas desaparecidas, para conseguir una audiencia con el gobernador Cuitláhuac García, la académica señaló que las principales instituciones involucradas en la búsqueda de personas desaparecida: Fiscalía General del Estado (FGE), la Comisión Estatal de Búsqueda, y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV) “están rebasadas, por decir lo mínimo”.

Explicó que en la CEEAIV ”el titular no ha tenido, por la forma en que llegó al puesto, la fuerza política para poder crear su equipo de trabajo, le impusieron desde la Segob (que en ese entonces encabezaba Eric Cisneros Burgos) , personas sin perfil para ocupar los puestos claves al interior”.

“El personal es insuficiente, no tiene seguridad laboral (les hacen firmar contratos de 3 meses), y los salarios son muy bajos. No hay dependencias en las diferentes regiones, tienen unas cuantas personas por región para atender la enorme cantidad de Víctimas. Si hablamos que hay al menos, oficialmente, poco más de 7 mil personas desaparecidas, las Víctimas indirectas, es decir, hijos, padres, madres, hermana”.

La promotora de derechos humanos y quien ha dado acompañamiento a familias de personas desaparecidas señaló que en cuanto al papel de la Fiscalía General del Estado, “las carpetas de Investigación, alrededor de 4 mil, no están debidamente integradas y mucho menos el plan de Investigación por cada carpeta, y con el ADN de los familiares. No tienen personal suficiente y además, capacitado. Siguen las quejas de revictimización y de indolencia en el avance de las carpetas de Investigación”.

Señaló que si bien tener un centro de Identificación es un logro importante, “sabemos que no solo es lento y muy caro, son muy pocas las identificaciones qué se han logrado, entre otras cosas, porque el Banco de datos genéticos no funciona aún, y además, porque la realidad es que no se atienden - no se investiga- ni se hace el análisis de todo el contexto pertinente, entre muchas otras cosas”.

Ledesma Arronte dijo que a un año de terminar su gobierno, Cuitláhuac García tiene en el olvido toda la política de Derechos Humanos que se construyó al inicio de su gobierno, “ningún programa pasa la prueba de los indicadores que se construyeron y que se supone debería estar muy ocupado y preocupado por cumplir”. Y agregó: “las familias de las personas desaparecidas merecen respuestas y acciones que ataquen el problema de raíz, no que se "administre" la problemática. Ellas, tienen todo el derecho y la legitimidad para protestar, cerrar calles, tomar Palacio y lo que sea necesario para ser escuchadas”.

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