Ciudad de México. La asociación México Justo, fundada por el ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Genaro Góngora Pimentel, consideró como una conducta “irresponsable” la decisión de los “diputados oficialistas” quitar los recursos de los fideicomisos del Poder Judicial Federal (PJF) para transferirlos al Poder Ejecutivo sin ningún tipo de transparencia o rendición de cuentas.
Solicitó que ahora la Cámara de Senadores actúe de manera responsable, analítica y objetiva sobre las consecuencias directas, tanto en las prestaciones laborales de los trabajadores del PJF, como que no se ponga en riesgo la administración de justicia en perjuicio de los justiciables.
“Hacemos un llamado a la Cámara de Senadores, que en unos días se reunirán para la discusión del proyecto, a no actuar bajo presiones políticas, sino que en todo momento se anteponga el análisis normativo, de cara a un sistema protector de los derechos humanos y la soberanía nacional”.
Recordó que en México Justo, han defendido la independencia de los poderes del Estado y que están convencidos de que un Poder Judicial fuerte y autónomo es un factor esencial para consolidar un Estado democrático y constitucional de derecho.
Cabe precisar que, en 2018 México Justo presentó un proyecto de Reforma Constitucional, relativo al fortalecimiento y autonomía del Poder Judicial Federal, si bien, el Congreso consideró algunos puntos, el que no se tocó fue el relativo al establecimiento del 3 por ciento del presupuesto del país para la impartición de justicia, condicionado a que dicho ejercicio justificara plenamente el requerimiento de recursos (creación de nuevos tribunales, apartado que no fue tomado en cuenta, debido a propios intereses políticos, pero que, ahora cobra relevancia debido a que una reforma de esta envergadura atacaría de fondo los problemas reales del Poder Judicial y no solo quitarles recursos económicos.
Por esta razón y los antecedentes trabajados, propuso regresar al proyecto de fondo, presentado en 2018 por la asociación estableciendo, además, que como en otros países se destina un prepuesto del país para la impartición de justicia, condicionando y reglamentando sus usos, se pueda aplicar también para México el 3 por ciento del presupuesto para este fin.
