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Emite CEDH recomendación contra dos policías por abuso en Mexicali

Sesión de la CEDH que encabeza Jorge Ochoa (c). Foto del perfil de X de la dependencia @CEDHBC
Sesión de la CEDH que encabeza Jorge Ochoa (c). Foto del perfil de X de la dependencia @CEDHBC
07 de septiembre de 2023 18:17

Mexicali, BC. Por el abuso policíaco de dos agentes a un hombre en Mexicali, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California emitió una recomendación contra la Dirección de Seguridad Pública Municipal y el Ayuntamiento de Mexicali.

Por la golpiza que sufrió debido al excesivo uso de la fuerza policiaca, la víctima presentó golpes en rostro: ojos cerrados con hematomas y escoriciones en nariz. Además hematomas en espalda baja y tórax.

Los hechos se registraron en 2017, durante el segundo año de gobierno del alcalde panista Gustavo Sánchez Vázquez y del director de Seguridad Pública, Uises Méndez. Hasta el momento no existe ninguna consecuencia jurídica administrativa ni penal e, incluso la víctima dejó de darle seguimiento a su queja.

Aunque el ilícito se produjo la noche del 17 de noviembre de 2017 fue hasta dos meses después, en enero de 2018, cuando la CEDH inició la investigación.

Es una de las 34 quejas que se registraron ese año contra la Dirección de Seguridad Pública Municipal en la alcaldía de Sánchez Vázquez. En promedio se reportaron tres quejas mensuales contra la policía municipal.

Los agentes realizaron una persecución por la carretera a Islas Agrarias contra el vehículo que conducía Carlos, seudónimo como identifica la CEDH a la víctima, y al ser detenido los policías lo golpearon para someterlo, según recomendación 2/2023.

Por cuestiones legales de protección de datos, la CEDHBC determinó proteger la identidad de víctimas, agresores y hasta de la autoridad responsable.

A pesar que los hechos se registraron hace casi seis años, la Sindicatura Municipal mantiene abierta la investigación administrativa y se desconoce si dio vista a la Fiscalía General del Estado ante la posibilidad de un delito.

Se supone que los agentes se encuentran suspendidos de su actividad laboral mientras se analiza su inhabilitación dentro del procedimiento administrativo sancionatorio o su caso se le considera grave y se turna al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, donde una secretaria realiza funciones de magistrada desde hace tres años.

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