Ciudad de México. La reparación integral del daño para las familias de los migrantes fallecidos en el incendio de la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, al igual que para los sobrevivientes “no puede limitarse a la entrega de recursos económicos”, pues debe incluir medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en lo individual y en lo colectivo, afirmaron organizaciones que acompañan a nueve de las víctimas.

Luego de que el Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer el domingo pasado que entregará una indemnización económica a cada una de las 40 familias de las personas que fallecieron por el siniestro del 27 de marzo pasado, monto definido por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (Ceav), reprocharon que no haya sido ésta la que informara al respecto.

En este sentido, el Instituto para las Mujeres en la Migración, la Fundación para la Justicia, Asylum Access México, Albergue Casa Tochan, entre otras, llamaron a la Ceav “a no seguir ejerciendo sus funciones en la opacidad dentro del proceso de reparación integral del daño”. Consideraron que desde hace casi cinco meses “se ha visto desdibujada de sus funciones y ha dejado al INM ser perpetrador, juez y parte”.

El recurso económico que entregará el INM “es sólo una compensación económica”, porque la reparación “debe ser el resultado de un análisis serio y objetivo que a través de un dictamen dé a conocer la Comisión, no es una facultad del instituto”, señalaron en un pronunciamiento.

Manifestaron que en el comunicado en el que el instituto informó sobre la compensación económica, “lejos de brindar datos concretos sobre la reparación del daño, evidencia carencias en el proceso, por ejemplo, pone en riesgo a las familias al hablar de montos económicos asignados; menciona datos que son parte de una investigación que está en curso; usurpa funciones y no se habla de la reparación del daño a los sobrevivientes”, que son 27 hombres, quienes tienen “secuelas de por vida”.

Además de que a la fecha las 15 mujeres que también estuvieron en la estancia migratoria no han sido reconocidas como víctimas, indicaron.