Campeche, Camp. La gobernadora de Campeche, Layda Elena Sansores San Román, acusó al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas de tener al menos seis departamentos en la Ciudad de México con valor superior a los 200 millones de pesos, los cuales adquirió cuando fue gobernador de Campeche a través de su hermano Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas.

En su programa “Martes del Jaguar”, Sansores San Román reinició sus ataques contra Alito Moreno Cárdenas, a pesar de la orden de un juez que lo amparó para que no sea mencionado ni se divulguen conversaciones o videos en que se le involucra.

La mandataria campechana argumentó que la información la obtuvo a través del Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México y que su objetivo es que se castigue la corrupción en que incurrió el líder nacional del PRI. “Él tiene fueron y no se puede proceder contra él, pero su hermano Emigdio no tiene fuero, FGR (Fiscalía General de la República) ¿dónde estás?” cuestionó.

Según Sansores San Román, Emigdio Gabriel Moreno Cárdenas tenía seis “empresas fachada” a través de las cuales “lavó dinero” cuando su hermano Alito era gobernador. Mostró presuntas investigaciones de la Secretaría de Hacienda que prueban que están investigando la triangulación de al menos 12 millones de pesos.

Se hacían depósitos a las empresas fachadas de Emigdio y posteriormente el dinero se iba a las cuentas de Alito Moreno, en los años en que se construía la mansión de Alito Moreno Cárdenas en esta capital.

Alito también habría utilizado a su hermano Emigdio para adquirir al menos seis departamentos de lujo en la Ciudad de México con valor superior a los 200 millones de pesos. “Tendrás que devolverle al pueblo todo el dinero que le robaste, el Castillo que te construiste será convertido en el museo de la corrupción” aseveró la gobernadora de Campeche.

Indicó que “no va parar” las denuncias por los actos de corrupción en que incurrió Moreno Cárdenas y sentenció: “tu no deberías ser presidente, no debes ser presidiario” al tiempo que emplazó a la comisión legislativa que analiza su desafuero a que emita su resolución a fin de que le finquen las sanciones penales que amerita.