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“Sin sustento”, petición de 80 años de cárcel contra Murillo Karam: Defensa

Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR. Foto José Antonio López / Archivo
Jesús Murillo Karam, ex titular de la PGR. Foto José Antonio López / Archivo
07 de junio de 2023 15:40

Ciudad de México. Para la defensa del ex procurador General de la República (FGR), Jesús Murillo Karam, “es una pretensión que no tiene sustento”, la petición de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa, para que se le imponga a su cliente 80 años de prisión como condena en el proceso que se le sigue de la primera causa penal por los delitos de tortura, contra la procuración de justicia y desaparición forzada relacionados con el caso Ayotzinapa.

De acuerdo con fuentes, la solicitud fue formulada con base en criterios judiciales que sostienen que se debe aplicar la legislación vigente en materia de desaparición forzada, además de tener como base consideraciones de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia, que dependen de la Secretaría de Gobernación.

La petición fue formulada a través de un escrito que se hizo llegar al administrador del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el reclusorio Norte.

La solicitud tendrá que ser revisada en audiencia por el juez del caso en el momento procesal oportunidad, indicaron fuentes judiciales.

Murillo Karam está preso en el Reclusorio Norte desde el 20 de agosto de 2022, un día después de que fue detenido afuera de su domicilio por efectivos de la Secretaría de Marina y de la Policía Federal Ministerial en cumplimiento de la orden de captura entregada por el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia, quien a su vez le negó el beneficio de la prisión domiciliaria debido a que prevalece el riesgo de fuga.

De acuerdo con los datos vertidos en la audiencia inicial por los agentes del Ministerio Público Federal, el ex procurador realizó o autorizó acciones que afectaron las investigaciones para localizar a los 43 normalistas que fueron privados de su libertad por policías municipales de Iguala, Cocula y Huitzuco, Guerrero, y luego los entregaron a miembros del cártel Guerreros Unidos.

Además, presuntamente supo de actos de tortura cometidos contra supuestos implicados en el ataque a los estudiantes y no realizó las denuncias correspondientes, lo que habría incidido en su desaparición.

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