El Ministerio del Interior de Perú llamó a “denunciar” lo que considera “ en redes sociales en un intento por acallar los testimonios de las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte que cumplen hoy dos meses, y cuya represión lleva un saldo de 58 muertos.

“Censura y criminalización.

El Ministerio del Interior señala en un comunicado que se puede denunciar por 'apología al terrorismo' expresiones en redes sociales. ¿Una nueva modalidad que incentiva el terruqueo para justificar persecuciones y detenciones?”, tuiteó WaykaPerú.

La amenaza de un pena de cárcel de entre ocho y 15 años no frenó las críticas a esta nueva acción del gobierno. “¡¡Alerta Perú... la democracia de Dina Boluarte no solo llama "terroristas" a los manifestantes sino también perseguirá a aquellos que difundan en las redes las manifestaciones o alienten a estas, bajo el delito de: "apología del terrorismo"!! “, escribió otro tuitero.

El ministerio del Interior anunció en un comunicado que tuiteó: “Se ha habilitado un canal de atención para recibir las denuncias ciudadanas relacionadas con la exaltación, justificación o enaltecimiento del delito de terrorismo o cualquiera de sus tipos”.

El delito de apología del “terrorismo”, establecido en el artículo 316-A del código penal peruano, se sanciona con una pena privativa de la libertad de entre ocho y 15 años, se indicó en el texto.

Así llamó a los ciudadanos a enviar una foto, video o enlace que evidencie la “apología” a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Terrorismo, a cargo del procurador Milko Ruiz.

El gobierno y el Congreso, dominado por la derecha, criminalizan a los manifestantes que exigen la renuncia de Boluarte y la convocatoria a elecciones, acusándolos de “violentistas” y “terroristas”.

Boluarte remplazó al ex presidente Pedro Castillo, que fue destituido y arrestado el 7 de diciembre tras un fallido intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos alertó en Twitter que esta normativa afecta la libertad de expresión y viola los estándares internacionales, ya que aquellas acciones solo pueden “ser calificadas como tal cuando hay verdadera intención de generar violencia y un riesgo real de que se produzca”.

Óscar Becerra, ministro de Educación, aseguró que la toma de aeropuertos durante las manifestaciones es “terrorismo”, en una entrevista con TV Perú. “Si al delinquir, ocupas un aeropuerto, por ejemplo, eres un terrorista”, expresó.

A mediados de enero, un hombre que publicó en Facebook una defensa del jefe de la desaparecida guerrilla Sendero Luminoso, Abimael Guzmán Reinoso, fue condenado a ocho años de prisión.

En este contexto, el poder Judicial sentenció a 27 personas acusadas de realizar actos violentos en las protestas y bloqueo de carreteras en la ciudad central de Ica, informó el diario La República.

En tanto las manifestaciones y bloqueos continuaron. Cientos de manifestantes procedentes de diversas regiones del país se reunieron en la plaza Dos de Mayo en Lima. En la ciudad sureña de Puno, se realizó una movilización masiva en la plaza de Armas.

Minas Buenaventura, una productora peruana de metales preciosos, informó que suspendió operaciones de su mina Julcani, en el centro del país, después de alertear que manifestantes irrumpieron en sus instalaciones y amenazaron a sus empleados.

La Defensoría del Pueblo señaló que se registran 68 bloqueos de vías a nivel nacional, la mayoría en el sur andino. Asimismo, persisten movilizaciones y paralizaciones de vías en 24 provincias.

La policía desbloqueó el kilómetro 16 de la carretera Panamericana Sur, en el distrito de San Juan de Miraflores, que fue tomada por manifestantes media hora antes, reportó la República.