Ciudad de México. El Observatorio de Conflictos Socioambientales (OCSA) de la Universidad Iberoamericana ha detectado al menos 37 de estas problemáticas registradas tan sólo en el periodo 2017-2020, derivadas de un total de 56 megaproyectos de energías renovables, como plantas hidroeléctricas y parques eólicos y fotovoltaicos.

De acuerdo con un estudio del organismo sobre el tema, 18 de las mencionadas iniciativas han dado lugar al menos a una afectación ambiental, aunque un mismo proyecto puede generar más de un conflicto.

Como ejemplo, cita a la Termoeléctrica del Golfo Tamuín, en San Luis Potosí, el cual ha provocado daños al agua, la atmósfera y el suelo, además de problemas de salud y medios de vida de los lugareños.

Entre las irregularidades o daños identificados por el análisis del OCSA está la “ausencia o manipulación de la consulta libre, previa e informada”, consagrada en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

Asimismo, muchos de los megaproyectos estudiados favorecen el “debilitamiento del tejido social, es decir, de los vínculos sociales e institucionales que favorecen la cohesión y reproducción de la vida de las comunidades”, así como daños a los bienes y servicios básicos, por ejemplo, el acceso al agua potable.

Por otro lado, las iniciativas de energías no convencionales “están fuertemente vinculados con diferentes formas de violencia”, como lo demuestra el hecho de que existen 12 casos en los que “predominan el daño a la integridad psicológica, la privación de la libertad, así como la judicialización y criminalización” de quienes se oponen a estos desarrollos industriales.

Además de las afectaciones ecológicas, sociales y la violencia de las 56 iniciativas de energías renovables, el OCSA registró 87 megaproyectos de minería metálica, de los cuales 53 son causantes de conflictos socioambientales.

“Como se observa, la transición energética fundada en las energías alternativases insostenible e injusta social y ambientalmente, pues conlleva altos costos ambientales y la vulneración de derechos de los pueblos y las comunidades en las que se asientan los megaproyectos”, indicó el organismo.

En ese marco, enfatizó que “la transición a un futuro justo y sustentable demanda una transformación profunda y sistémica del actual modelo civilizatorio industrial”.