Quito. El ministro de Gobierno de Ecuador dijo el miércoles que las autoridades no aceptan las condiciones impuestas por el sector indígena como requisito para iniciar diálogos encaminados a buscar una salida pacífica a las protestas que cumplen 10 días.

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El líder indígena Leonidas Iza exigió la noche del martes que el gobierno elimine el estado de excepción en seis provincias -donde se han registrado los mayores hechos de violencia-, que desmilitarice y elimine la dotación policial alrededor de los sitios donde se encuentran en la capital y que les permitan llegar al parque de El Arbolito y la vecina Casa de la Cultura para concentrarse y mantener asambleas.

“No es el momento de poner más condiciones, no es el momento de exigir mayores demandas, es el momento de sentarse a conversar, estamos en el décimo día de paro", dijo el ministro Francisco Jiménez a la red de televisión Teleamazonas. "Y no podemos seguir esperando, la capital no puede seguir esperando, el país no puede seguir esperando”.

“No podemos levantar el estado de excepción porque eso es dejar indefensa la capital... primero hay que sentarse a conversar, a hablar, hay que poner los temas sobre la mesa”, señaló.

Añadió que el gobierno del presidente Guillermo Lasso está dispuesto a acudir a una eventual negociación en cualquier fecha, lugar, hora con los mediadores que se designen a fin de llegar a un consenso.

Las universidades, la Iglesia, la delegación de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización de los Estados Americanos -entre otras 300 instituciones- hicieron pública una invitación al gobierno y a los indígenas para “llegar a acuerdos que permitan enfrentar la grave crisis económica, social y política que atraviesa Ecuador”.

Desde el 14 de junio la Confederación de Nacionalidades Indígenas mantiene un paro nacional por tiempo indeterminado que ha afectado especialmente a seis provincias del centro norte ecuatoriano en demanda de la reducción del precio de la gasolina, la fijación de precios de los productos agropecuarios y mayor presupuesto para la educación, entre otros reclamos.

Las protestas se han caracterizado por violentos bloqueos intermitentes de las principales vías de seis provincias mientras en la capital grupos de manifestantes recorren la ciudad agrediendo a vehículos y civiles y obligando a los negocios a cerrar, algunos de los cuales fueron saqueados.

Durante la jornada del martes los manifestantes también atacaron el edificio de la Fiscalía General, con funcionarios en su interior, y ocuparon pozos e instalaciones petrolíferas que obligaron al Estado a declarar estado de fuerza mayor para evitar demandas por no entregar los embarques de petróleo, el principal producto de exportación del país.