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Aprueban reformas para penalizar a promoventes del matrimonio infantil

Sala de sesiones de la Cámara de Diputados. Foto José Antonio López
Sala de sesiones de la Cámara de Diputados. Foto José Antonio López
26 de abril de 2022 23:26

Ciudad de México. La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad de 474 votos reformas al Código Penal Federal para sancionar a quien obligue, coaccione, induzca o gestione que un menor de edad cohabite en forma equiparable a la de un matrimonio, con otra persona que esté en su misma condición o sea mayor de edad.

Al responsable de ese delito se le impondrán penas de 8 a 15 años de prisión y de mil a 2 mil 500 días de multas. Esta última se aumentará hasta en una mitad, en su mínimo y en su máximo, si la víctima pertenece a algún pueblo o comunidad indígena o afromexicana.

El dictamen refiere que el matrimonio entre menores de edad o la unión temprana constituye una figura que atenta contra el interés superior de la niñez, porque representa un menoscabo a sus derechos fundamentales en detrimento de su formación y desarrollo.

La diputada Lizbeth Mata Lozano (PAN), dijo que con esta reforma se buscar tipificar como delito la cohabitación forzada de menores de edad, de personas con discapacidad y de quienes no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o no tienen capacidad para resistirlo.

Con ello se fortalece el marco de protección de los derechos delos niños y adolescentes y se garantiza un normal desarrollo psicosexual.

Eufrosina Cruz, del PRI, subrayó que no solo se trata de un acto garantista de la defensa de los derechos humanos de las niñas, sino que es una acción afirmativa ante una emergencia, porque se les está robando su vida, sueños y futuro.

De acuerdo con el INEGI, resaltó dijo que 423 mil niñas fueron obligadas a casarse, 339 mil a través de un robo o intercambio. “En pocas palabras, se trata de personas, de tráfico humano, abuso sexual, secuestros disfrazados de matrimonios o equiparables; suceden todos los días en este país a la vista de todos”.

 

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Los casos corresponden a Silverio Villegas González, migrante originario de Michoacán, de 23 años. El otro caso es el de Ismael Ayala-Uribe, de 39 años, que falleció en un hospital de California mientras permanecía bajo custodia en el centro de detención.

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