Senadores del PAN, PRI y PRD demandaron ante la Suprema Corte de Justicia que la ministra Loretta Ortiz Ahlf no participe ni vote en la Acción de Inconstitucionalidad en contra de la Ley de la Industria Eléctrica, que ellos mismos interpusieron, ya que a su juicio “tiene un evidente conflicto de interés”.

En el escrito que los tres grupos parlamentarios opositores presentaron ante el máximo tribunal, piden que la ministra Ortíz Ahlf se excuse y el asunto sea returnado a una ponente distinta, además de que se abstenga de votar en la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de la Industria Eléctrica, aprobada por Morena y sus aliados en febrero del 2021.

Los senadores panistas, priístas y perredistas argumentan que la ministra Ortíz Ahlf no puede participar en la resolución de la Acción de Inconstitucionalidad, ya que como diputada del PT, participó en la discusión y aprobación de la reforma constitucional en materia energética de 2013, así como en la emisión de las leyes reglamentarias de la misma, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Exponen que como legisladora, Ortíz Ahlf votó en contra de esa reforma y en particular de la Ley de la Industria Eléctrica, que en esta administración fue reformada y es la norma contra la que presentaron, como opositores , la Acción de Inconstitucionalidad, a fin de echarla abajo esa legislación.

Señalan que la ministra “no sólo emitió su voto en sentido negativo en el proceso de aprobación, sino que también expuso públicamente su posicionamiento lógico-jurídico, constitucional y político sobre la materia en concreto, tanto en los foros sobre la reforma energética, como durante la discusión en el pleno de la Cámara de Diputados, derivado de su afinidad política con los partidos y agrupaciones políticas en contra de estas modificaciones”.

Insisten en que “el impedimento que se denuncia” no se limita a que la ministra ministra Ortiz Ahlf haya sido fundadora y miembro de Morena , el partido que impulsó la modificación a la Ley de la Industria Eléctrica., sino también al “ juicio anticipado que ella ya ha emitido respecto del sentido que a su juicio debe tener la Ley de la Industria Eléctrica, y más allá: la propia política energética en nuestro país”.

Los panistas, priístas y perredistas aseguran que esos estos motivos justifican su separación de este asunto en concreto, “a efecto de proteger a las instituciones democráticas pilares del dstado de derecho”.