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Cuba devuelve credenciales a dos corresponsales de EFE

Imagen distribuida por la oficina de prensa de la Presidencia, en la que aparece el presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, durante un recorrido por el barrio Los Pocitos, en el municipio de Marianao, en La Habana, el 12 de noviembre de 2021. Foto Afp
Imagen distribuida por la oficina de prensa de la Presidencia, en la que aparece el presidente de Cuba, Miguel Diaz-Canel, durante un recorrido por el barrio Los Pocitos, en el municipio de Marianao, en La Habana, el 12 de noviembre de 2021. Foto Afp
Foto autor
Afp
14 de noviembre de 2021 11:20

La Habana. Autoridades cubanas devolvieron el domingo acreditaciones a dos periodistas de la agencia española EFE en Cuba, tras negociaciones diplomáticas, después de que el sábado se las retiraron a los seis integrantes del equipo, informó su jefe de redacción.

"Devuelven las credenciales a dos compañeros: la redactora @LauraBecquer y el cámara Felipe Borrego, tras negociaciones entre EFE y el CPI (Centro de Prensa Internacional), y entre la Embajada de España y la Cancillería cubana", dijo en su cuenta de Twitter Atahualpa Amerise, jefe de redacción de la oficina.

El equipo cuenta con tres redactores, dos fotógrafos y un videasta. "Los otros cuatro seguimos sin acreditar de momento y sin poder trabajar", agregó.

El sábado, en la víspera de dos jornadas de acciones de la oposición, el equipo fue convocado de urgencia al CPI, que depende de la cancillería cubana para la retirada de las credenciales.

"Nos llamaron urgentemente" y "pidieron que les entregáramos las credenciales y cuando preguntamos el motivo invocaron la normativa sobre prensa extranjera", sin referir "el motivo exacto", dijo el sábado Amerise.

La sanción llegó un día antes de que el opositor Yunior García realice una marcha solitaria por una céntrica calle de La Habana, desafiando la advertencia oficial de ser detenido.


La oposición convocó una manifestación para el lunes, también prohibida por las autoridades comunistas, para exigir la liberación de los presos políticos, cuatro meses después de las históricas manifestaciones del 11 de julio.

El gobierno considera que se trata de un intento de desestabilización y ha acusado a los organizadores de estar financiados por Estados Unidos.

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