En menos de un año el país ha experimentado graves impactos por el cambio climático con las sequías que han puesto a nuestro país en estado de emergencia, incendios forestales de mayor magnitud y frecuencia, así como huracanes, lluvias torrenciales e inundaciones, advirtió Pablo Ramírez, especialista en Energía y Cambio Climático de Greenpeace México.

Mencionó que Tepeji del Río, Hidalgo y Río Playa, Tabasco ya experimentan estos impactos que ponen en riesgo el sustento y la salud de sus habitantes. Ante esto, las comunidades han decidido tomar acciones para adaptarse a los impactos de la crisis climática y hacer cambios que beneficien a sus comunidades.

En Tepeji el nivel de las presas ha llegado al mínimo histórico en los últimos 6 años, de acuerdo con habitantes que viven de la pesca. Sin embargo, enormes cantidades de agua contaminada proveniente de Ciudad de México llega cada día a la región, para ello el Fideicomiso de Infraestructura Ambiental de los Valles Hidalgo, ha desarrollado sistemas de saneamiento de agua a pequeña escala, alimentados con energía solar, que benefician directamente al acceso al agua para las comunidades, explicó Ana Lilia Velasco, integrante de esa instancia.

En tanto, Río Playa, en Tabasco, enfrenta cada vez inundaciones más severas y la entrada de agua salada a sus tierras que ha afectado directamente las formas de sustento del ejido, comentó Rutilio Hernández, ejidatario de esa localidad.

En respuesta, la comunidad siembra mangle blanco para filtrar el agua salada y la contaminación ocasionada por la industria petrolera que los rodea (el ejido es vecino del predio donde se construye la refinería de Dos Bocas) y como barrera para las inundaciones y huracanes que azotan la región.

Greenpeace enfatizó que las acciones necesarias para hacer frente a la crisis climática son posibles y necesarias, ahora mismo hay comunidades que las toman en sus propias manos por la necesidad de adaptarse a un contexto cada vez más adverso, pero hace falta que esto se convierta en una política de estado, que destine los recursos públicos necesarios para proteger a su población y no para acelerar la crisis climática.