Mexicali, BC. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional dos artículos de la Ley de Ingresos 2021 de Baja California, propuesta por el gobernador Jaime Bonilla, porque viola los principios tributarios de legalidad y derechos de seguridad jurídica.

Bonilla Valdez integró un cobro de derechos tributarios por concepto de "otros servicios" del Registro Público de la Propiedad y de Comercio (RPPyC), dentro de la Ley de Ingresos que aprobó la anterior legislatura en diciembre de 2020.

Los ministros consideraron que con estos cobros se vulneran el principio tributario de legalidad, al permitirle al RPPyC que determine los montos de ésta contribución, al tratarse de una entidad administrativa.

Así también, la SCJN decidió que esas disposiciones transgreden el derecho fundamental a la seguridad jurídica porque "los contribuyentes no sabrían a qué atenderse al desconocer cuáles son los conceptos que integrarían el costo y, por ende, las cuotas que se cobrarían por los 'otros servicios'".

El pleno de la SCJN conminó al Congreso de Baja California a abstenerse de "incurrir de nuevo en el vicio de inconstitucionalidad de las normas declaradas inválidas".

La acción de inconstitucionalidad 20/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, demandó la invalidez de estas disposiciones de la Ley de Ingresos del Estado de Baja California, para el ejercicio fiscal de 2021, publicadas en el Periódico Oficial de esa entidad de 28 de diciembre de 2020.