Londres. Un destacado asesor negro del primer ministro Boris Johnson dimitió, informó el gobierno el jueves, un día después de que un informe encargado por el ejecutivo provocara un alud de críticas al afirmar que en el Reino Unido no existe racismo institucional.

Samuel Kasumu dejará en mayo su puesto como asesor especial sobre sociedad civil y comunidades, informó una portavoz de Downing Street.

"Kasumu ha desempeñado un papel increíblemente valioso" y "cualquier sugerencia de que esta decisión (...) está relacionada con el informe de la Comisión sobre Disparidades Raciales y Étnicas (CRED) es totalmente inexacta", agregó.

Según el periódico Politico, el asesor presentó su dimisión la semana pasada y se lo comunicó a sus colegas el miércoles por la mañana, justo cuando se publicó el polémico informe de la CRED.

Kasumu ha estado trabajando para animar a más personas de minorías étnicas a vacunarse contra el covid-19 y el ejecutivo de Johnson acaba de lanzar una nueva campaña de concienciación al respecto con algunas de las celebridades negras más conocidas del país.

El impacto desproporcionado de la pandemia en las minorías étnicas es uno de los aspectos a los que se restó importancia en el polémico informe presentado el miércoles.

Este afirmó que aunque el racismo sigue presente, es cada vez un factor "menos significativo" de desigualdad social, que el Reino Unido no es "institucionalmente racista" y que podría "considerarse un modelo para otros países con poblaciones predominantemente blancas".

"Es un trabajo muy interesante" aunque el gobierno no esté necesariamente "de acuerdo con absolutamente todo lo que dice", afirmó el jueves Johnson.

"Tenemos que responder a los gravísimos problemas que tiene nuestra sociedad en relación con el racismo. Tenemos que hacer más para corregirlo, tenemos que entender la gravedad del problema", añadió, prometiendo una respuesta "a su debido tiempo"

El primer ministro había creado esta comisión el año pasado a raíz de las protestas del movimiento "Black Lives Matter", que llevaron al Reino Unido a cuestionarse su pasado colonial, la relación de algunas de sus empresas y personajes históricos con el tráfico de esclavos y el trato dado a las minorías.

El informe provocó indignación y una ola de críticas entre defensores de la igualdad racial, que señalaron las grandes disparidades que sufren las minorías británicas en materia de sanidad, educación, empleo o control policial.

La principal fuerza de oposición, el Partido Laborista, afirmó que esos indicadores ponen de manifiesto la existencia de un racismo estructural en las instituciones británicas.