Mexicali, BC. El Gobierno de Baja California emitió pagos en 2019 a nombre de 43 maestros y personal de apoyo a la educación, fallecidos en ese ejercicio fiscal o en años anteriores, por un monto total de dos millones 179 mil 700 pesos de acuerdo al Informe de Resultados de la Auditoria Superior de la Federación (ASF).

De acuerdo con el informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, se cubrió 427 veces la nómina de trabajadores que fueron “identificados como decesos”. En promedio, se emitieron 10 pagos quincenales a nombre de cada uno de estos trabajadores.

En ese año, Baja California estuvo gobernado durante nueve meses por el panista Francisco Vega y tres meses por Jaime Bonilla Valdez de Morena. El último secretario de Educación de la administración del PAN fue Miguel Ángel Mendoza, y lo sucedió Catalino Zavala, quien fungió como presidente de la Comisión de Educación del Congreso local.

Otras irregularidades en las que incurrió la administración estatal fue realizar ocho mil 727 pagos por 62 millones 444 mil pesos a 371 trabajadores adscritos en 19 centros de trabajo, sobre todo de la Dirección de Apoyos e Infraestructura Educativa y Nueva Creación, los cuales no acreditaron funciones relacionadas con la educación básica y normal, toda vez que eran recursos etiquetados para ese fin.

Además, se detectó que a 28 trabajadores se les hicieron 342 pagos por un monto de un millón de pesos a pesar de contar con licencia sin goce de sueldo, así como el paga a 12 trabajadores después de su fecha de baja del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP) por 202 mil 600 pesos.

El informe advierte sobre 20 pagos por 107 mil 600 pesos a dos trabajadores reportados con cargos de elección popular sin que se acreditara la compatibilidad de empleos para el desempeño de ambos puestos y se pagaron honorarios por tres millones 419 mil pesos sin que existieran los contratos correspondientes.

La Auditoría de Cumplimiento 485-DS-GF aplicada al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) concluyó que de la revisión de 11 mil 266 millones de pesos se generó un probable daño a la Hacienda Pública Federal por 69 millones 352 mil pesos, lo que representa el 0.6 por ciento de la muestra auditada.

Para la ASF, el gobierno de Baja California incurrió en inobservancia de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley General de Educación, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, del Manual de Normas para la Administración de los Recursos Humanos en la Secretaría de Educación Pública y del Código Fiscal de la Federación.

En nueve de los 21 resultados se generaron dos recomendaciones, una promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y seis pliegos de Observaciones, según el informe 2019-A-02000-19-0485-2020.