Moscú. La vocación represiva de los diputados de la Duma –acrecentada por el temor de que pudieran repetirse en Rusia las protestas pacíficas de Bielorrusia, el cambio violento de gobierno en Kirguistán o la derrota en las urnas del presidente prorruso en Moldavia–, quedó de manifiesto esta semana con el auténtico alud de iniciativas de ley que cayó sobre la oposición y que busca cerrar espacios a la crítica del Kremlin.

Volvió a acaparar titulares la “impresora desbocada”, como se dio en llamar a la Duma por sacar una ley draconiana tras otra en respuesta a las protestas masivas que hubo en 2012 y 2013, aunque a decir verdad no todas las actuales propuestas se turnaron ya, como leyes aprobadas, al Consejo de la Federación o Senado, muchas tienes que pasar todavía las tres instancias obligatorias y algunas, por exageradas, tal vez se queden en simples ocurrencias de sus autores.

Es obvia la intención del Legislativo de preparar a su manera el terreno para que, en las siguientes elecciones –previstas para el año entrante–, los adversarios del Kremlin tengan muy difícil acceder a la nueva composición de la Duma.

Entre las medidas que se quieren adoptar figuran –muy resumidas en orden aleatorio–, la que aspira a controlar la formación de las generaciones venideras, sobre todo de los jóvenes en edad de votar por primera vez, al prohibir toda labor educativa que carezca del visto bueno de las autoridades, de modo que éstas establezcan qué no se puede enseñar a los alumnos de escuelas y universidades en materia de historia, religión, cultura o tradiciones étnicas.

También se propone bloquear en Rusia el acceso a plataformas de Internet como Youtube, Facebook, Twitter o Google en caso de que “un ciudadano ruso, propietario de una página web noticiosa vea limitados sus derechos y libertades” al no permitir que utilice esos servicios por “difundir noticias falsas o propaganda del Estado ruso”. Los expertos consideran que ese es sólo el pretexto, pues los opositores rusos, al estar excluidos de los grandes medios de comunicación públicos, utilizan mucho esas plataformas y otras redes sociales para dar a conocer sus planteamientos políticos.

Se exige que los periodistas y políticos que reciban dinero desde otros países lleven el sambenito de “agente extranjero” sin el vigente requisito de haber publicado algo en Internet y recibido un donativo. Cualquier actividad pública que realicen –dictar una conferencia, expresar una opinión en un programa de radio o televisión, llevar a cabo una encuesta, etc.– será suficiente para que sean sometidos a las restricciones de los “agentes extranjeros”, cuyo incumplimiento supone sanciones diversas y hasta incurrir en responsabilidad penal.

Se quiere poner trabas adicionales al funcionamiento de las Organizaciones No Gubernamentales, que ya tienen el estatus de “agente extranjero”, y como principal novedad deberán, por ejemplo, obtener permiso de las autoridades para llevar a cabo cualquier actividad.

Se pretende acabar con los “plantones individuales”, hasta ahora la única forma de protesta que no requiere autorización, al equiparlos con un mitin que sí necesita permiso. Asimismo terminar con la “propaganda electoral en Internet”, como –por citar un caso– la Comisión Central Electoral cataloga la “Votación Inteligente”, un proyecto de Aleksei Navalny que consiste en sugerir, en cada escaño en disputa o votación regional o federal, el nombre del candidato de cualquier partido con más probabilidades de derrotar al del partido oficialista Rusia Unida.

Es sólo el comienzo y se espera que, antes de que concluya este año, habrá más leyes que allanen el camino a la Duma de los candidatos oficialistas.