Ciudad de México. Las acciones que ha tomado el gobierno de México en materia energética atentan contra de los principios de competencia sobre los cuales se sustenta el Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), dijo la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), que advirtió que el costo de la disputa puede ser alto.
Después de que se dio a conocer que 43 congresistas y senadores de los partidos Republicano y Demócrata, enviaron una carta al presidente de esa nación, Donald Trump, para pedir que intervenga ante el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, para que se mantengan las reglas de inversión establecidas por la Reforma Energética de impulsada por el Enrique Peña Nieto, el organismo del sector privado comentó que el desacato al actual marco legislativo “podría desencadenar una serie de litigios a través del mecanismo de solución de disputas con costos millonarios para el país”.
En ocasiones anteriores ha denunciado las acciones que ha emprendido el gobierno federal para favorecer a Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como el freno de inversiones por 6 mil millones de dólares en energías renovables, recordó.
“Cancelar o detener el otorgamiento de permisos a empresas privadas es grave y podría generar responsabilidades administrativas a los funcionarios públicos que instruyan a sus colaboradores a violar la ley”, comentó la Coparmex en un comunicado.
El organismo del sector privado insistió en que la actual administración debe respetar la ley y los tratados internacionales que México ha firmado con el objetivo de generar certeza para la inversión en el largo plazo y brindar más y mejores opciones de desarrollo.
La competitividad del país depende en gran medida de un sector energético eficiente, que pueda ofrecer mejores precios para el sector productivo, y, sobre todo, para los consumidores, explicó.
De acuerdo con el T-MEC, al menos los Capítulos 14 de Inversión, 21 de Política de Competencia y 22 Empresas Propiedad del Estado y Monopolios Designados, podrían aclarar la disputa que existe en materia energética.
