Moscú. Tras una semana de “votación popular”, que se llevó a cabo en condiciones inéditas, y hasta extravagantes en algunos sitios por decir lo menos, el presidente Vladimir Putin obtuvo este miércoles la legitimidad en las urnas que quería para que su controvertida reforma constitucional entré en vigor, apenas se den a conocer los resultados definitivos, y él pueda –si así lo desea al concluir su actual periodo dentro de cuatro años y gana las siguientes dos elecciones– gobernar hasta 2036.

Con 80 por ciento de las boletas escrutadas, la presidenta de la máxima instancia electoral de Rusia, Ella Pamfílova, dijo que 78 por ciento de los electores se pronunciaron en favor de la reforma y 22 por ciento en contra de los más de dos centenares de enmiendas a la Constitución de 1993, con una asistencia de 65 por ciento del padrón.

Los críticos de esta reforma se fragmentaron entre quienes exhortaron a votar en contra, quienes por el contrario recomendaron boicotear la cita con las urnas para evidenciar el desacuerdo y quienes se preguntaron para qué votar si nada iba a cambiar y todo estaba decidido de antemano.

Detrás de la victoria legitimadora no se aprecia, según afirman los inconformes con la gestión de Putin, el respaldo de la mayoría de la población de Rusia, sino se ve sólo la cifra de sufragios, reales y ficticios, que se propuso mostrar la Oficina de la Presidencia acorde con el guión diseñado a mediados de enero pasado para el 22 de abril, que tuvo que posponerse por la irrupción del coronavirus en la agenda.

Participó –como no podía ser de otra manera– más de la mitad del padrón, aunque para ganar no se requería un mínimo de asistencia ni los resultados de la votación tenían carácter vinculante, aprobada como estaba la reforma por todas las instancias de la élite gobernante (Duma, Consejo de la Federación, Parlamentos de las entidades federales, Corte Constitucional) y promulgada por el propio beneficiario mayor.

Para la Oficina de la Presidencia era fundamental –y se consiguió a toda costa– que acudiera a votar no menos de los que lo hicieron al adoptarse la anterior Constitución, esa sí elaborada en una Asamblea Constituyente y ratificada en un referendo con su estricto reglamento y resultados obligatorios.