La Secretaría de la Función Pública (SFP) impuso dos nuevas sanciones al Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, S.A. de C.V. por falsear información para conseguir dos contratos con la Secretaría de Salud (SSA) para la adquisición de vacunas contra el sarampión, la rubéola, la parotiditis y la hepatitis.
Por esto, la empresa se hizo acreedor a dos sanciones, que se publicaron este lunes en el Diario Oficial de la Federación, consistentes en la inhabilitación por dos años y tres meses y sendas multas que suman 2 millones 200 mil pesos.
La titular de la dependencia, Irma Eréndira Saldoval Ballesteros, detalló que esto es un esfuerzo de la lucha contra la corrupción y la impunidad en el sector salud. “Estas medidas ratifican la estricta y permanente vigilancia en todas las compras gubernamentales, en donde hay cero tolerancia a las infracciones a la ley; sobre todo, en un área tan sensible, no permitiremos que se juegue con la salud de los mexicanos”.
Las sanciones derivaron de diversas investigaciones contra la farmacéutica, la cual –se determinó— “presentó información falsa” al celebrar un contrato con la SSA para la adquisición de la vacuna triple viral contra sarampión, rubéola y parotiditis. Por este primer caso se decidió inhabilitar por 27 meses a la empresa y se le multó con un millón 124 mil 370 pesos.
En una segunda situación, la SFP encontró que esta compañía también presentó información falsa al celebrar otro contrato con la SSA para la adquisición de la vacuna anti hepatitis B 10 mg. Por esto se determinó una sanción por el mismo periodo (dos años y tres meses) y se estableció otra multa, ésta por un millón 88 mil 100 pesos.
Es de recordar, que el año pasado que el Grupo Laboratorios Imperiales Pharma, S.A. de C.V fue sancionado por el incumplimiento de contrato para la entrega de vacunas doble viral (sarampión y rubéola) y triple viral ( sarampión, rubéola y parotiditis).
Estas sanciones se dan por contratos firmados en 2018, aún durante la administración de Enrique Peña Nieto.
La SFP detalló que en lo que va del presente sexenio, “ha desplegado una estrategia de supervisión de las instituciones de salud para prevenir y sancionar actos de corrupción que afecten los servicios ofrecidos a la población”.
A la fecha, esta dependencia ha impuesto inhabilitaciones y multas a seis empresas farmacéuticas, y mantiene investigaciones en contra de otras empresas del ramo por infracciones a la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
