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Tres millones de niños en México trabajan en actividades no permitidas

En México, 3.2 millones de niños trabajan en actividades no permitidas. Foto cortesía Mayama
En México, 3.2 millones de niños trabajan en actividades no permitidas. Foto cortesía Mayama
12 de junio de 2020 21:13

Ciudad de México. El trabajo infantil es una consecuencia de una suma de factores complejos de la combinación de pobreza, violencia, marginación, desigualdad, falta de acceso a oportunidades de salud, educación y fenómenos culturales en donde los niños y niñas se vuelven actores importantes para el sustento familiar.

Así lo reconoció el organismo no gubernamental Mayama, que en el contexto del Día Mundial contra el Trabajo Infantil, que se conmemora este 12 de junio, refirió que el trabajo infantil provoca violaciones a una serie de derechos humanos específicos como los señalados en la Convención sobre los Derechos del Niño.

De acuerdo con Mayama, cuyo trabajo se enfoca en la atención a la niñez, se estima que el 11% (3.2 millones) de niñas y niños en México de 5 a 17 años de edad trabajan en actividades económicas no permitidas o en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas.

De los niños ocupados que no cumplen la edad mínima para trabajar, 17.9% (572 mil) no asisten a la escuela, situación que se presenta en 55.1% de los que están en trabajo peligroso.

En este sentido destacó que No toda actividad laboral de niñas y niños y adolescentes se considera trabajo no permitido; sin embargo, se estima que 2.1 millones de niñas y niños están ocupados en trabajo no permitido. De ellos 38.7% no cumplen con la edad mínima para laborar y 61.3% realiza trabajo peligroso.

En el plano internacional, México es el segundo país de América Latina con mayor trabajo infantil, después de Brasil y arriba de Perú, de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

Algunas recomendaciones de mejora en México que el organismo no gubernamental propone es: Invertir en desarrollar capacidades y habilidades para la vida, Invertir en desarrollar habilidades y competencias parentales que modifiquen conductas violentas y logren transformarse en habilidades protectoras y crianza positiva y establecer reformas que mejoren las condiciones de seguridad social, acceso a sus derechos, mejora de ingresos, tiempo laboral y oportunidades educativas además de programas de articulación con otros sectores de manera integral.

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