El gobierno federal integrará una Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión y Fraude Telefónico para identificar, prevenir y mitigar todos los delitos y actividades vinculadas a estos ilícitos, ya que es la segunda conducta delictiva que más se presenta a nivel nacional, y las autoridades señalan que “se hace necesario generar una política que permita proporcionar a las instituciones herramientas para hacer eficiente” el combate a este tipo de acciones.
Este miércoles en el Diario Oficial de la Federación se dan a conocer Lineamientos de colaboración en materia de Seguridad y Justicia y con base en los cuales se establecerán “los procedimientos homologados que garanticen el control y seguimiento de dichos números a nivel nacional”.
La base de datos se integrará con datos de manera homologada por los Centros de Atención de Denuncia Anónima (CADA), los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia (CALLE) y las dependencias encargadas de la seguridad pública.
El Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública señala que “el delito de extorsión se incrementó un 28 por ciento entre 2018 y 2019, de acuerdo con las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías estatales que son recabadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública”.
Según las estadísticas “el delito de extorsión generó aproximadamente 12 mil millones de pesos en pérdidas para los ciudadanos durante 2018, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública (ENVIPE), lo que representa un monto cercano a los recursos federales que otorga el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública a entidades y municipios”.
El delito destrozón se ha identificado como el principal delito en catorce entidades federativas, “afectando principalmente a los grupos más vulnerables, lo que genera un impacto social y aumenta la percepción de inseguridad en el país”, aún y cuando varios estados han implementado acciones encaminadas a combatir los delitos de extorsión y fraude telefónico.
Esta será la primera vez que exista una estrategia unificada a nivel nacional para prevenir y mitigar estos ilícitos.
