El Congreso Agrario Permanente (CAP) convocó a todas las organizaciones campesinas para que trabajen en un Plan Emergente para el Sector Productivo, con programas de protección a la pequeña y mediana agricultura, así como la creación de apoyos e incentivos a las empresas rurales e indígenas.
Mariana González Torres, vocera del CAP, dijo que esto debido a que 2020 se inició “con un presupuesto disminuido y con la eliminación de programas además de una política pública agropecuaria que no privilegia la producción”.
Además, dijo, el impacto negativo provocado por el virus Covid-19 “no es una crisis transitoria pues de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la más severa desde la Segunda Guerra Mundial”.
En un comunicado, indicó que uno de los sectores más vulnerable lo representan los campesinos e indígenas y si bien las afectaciones por el nuevo coronavirus se han centrado en el ámbito urbano, “es imperante establecer medidas preventivas para evitar la propagación de la enfermedad en el sector rural”, resaltó.
En el marco del 101 aniversario del asesinato del General Emiliano Zapata Salazar, el Congreso Agrario Permanente Nacional también demandó al gobierno federal medidas de control de higiene para evitar contagios en el campo, así como campañas de difusión, información y prevención en idiomas originarios y en comunidades rurales.
De igual manera, exigió que se garantice el abasto de alimentos a las comunidades rurales e indígenas, ya que existen comunidades muy alejadas de centros de abasto en municipios o ciudades urbanas y carecen del alimento.
Para los poblados que cuentan con el servicio de energía eléctrica “se requiere la condonación o prórrogas de pagos del servicio de luz y agua así como descuentos en el servicio de gas para quien tenga el suministro de este energético”, dijo González Torres.
